CONSIDERANDO
Que la República Argentina incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la aprobación, respectivamente, de las Leyes N° 24.759 y N° 26.097.
Que dichos tratados internacionales determinan la asunción de compromisos tendientes a adoptar diversas medidas con el objeto de preservar la integridad en el ejercicio de la función pública.
Que, asimismo, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 y sus modificaciones, establece un conjunto de deberes que deben cumplir todas las personas que ejerzan dicha función, entre los cuales se encuentran los de desempeñarse observando los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, así como el de velar en todos sus actos por los intereses del Estado, sin recibir ningún beneficio personal indebido, mostrando, a tal fin, la mayor transparencia en las decisiones a adoptar.
Que la integridad y la ética pública constituyen pilares fundamentales tanto de las estructuras políticas como económicas-sociales y, en consecuencia, son esenciales para la prosperidad de los individuos y de la sociedad.
Que por la Disposición Nº 200 (AFIP) del 27 de julio de 2017 se creó la Dirección de Integridad Institucional en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de preservar, promover y fortalecer la cultura de la integridad, atendiendo la prevención e investigación de las conductas que resultaren contrarias a los valores, deberes y pautas de comportamiento ético.
Que los enfoques tradicionales, basados en la creación de un mayor número de normas y en su estricta observancia, centrados exclusivamente en el comportamiento individual de los funcionarios públicos, desatendiendo los factores culturales, sistémicos y organizacionales, han demostrado una eficacia limitada.
Que resulta necesario desarrollar un abordaje integral que promueva la integridad y la ética pública no sólo al interior de las instituciones públicas sino también en el conjunto de los actores no estatales que se relacionan con la administración tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social.
Que una tarea de tal naturaleza supone la prevención tanto de los hechos de corrupción de los funcionarios como del desvío de las políticas hacia intereses particulares.
Que desde un enfoque integral la evasión, la elusión y el fraude fiscal también constituyen hechos que deben ser abordados desde la perspectiva de la integridad y la ética pública, con el fin de promover compromisos mutuos entre el Estado, los actores económicos y la ciudadanía.
Que hacia el interior del Organismo la integridad es un objetivo que se debe fomentar de manera coordinada a través de los diversos ámbitos de acción institucional, a efectos de generar un compromiso transversal y una responsabilidad compartida por todos los niveles de la institución.
Que, la actual Dirección de Integridad Institucional fue concebida en el marco de un modelo que concentra la mayor parte de las responsabilidades en la materia en una sola unidad organizativa, a la vez que prioriza las acciones de generación de normas y vigilancia de los funcionarios, por sobre un abordaje integral de responsabilidades institucionales compartidas en la promoción de valores y prevención de situaciones que posibiliten hechos de corrupción, conflictos de intereses o captura de la decisión pública.
Que en base a lo expuesto se considera oportuno modificar la estructura organizativa vigente mediante la creación, en reemplazo de la actual Dirección de Integridad Institucional, de un Comité de Integridad y Ética Pública conformado por las máximas autoridades del Organismo competentes en las materias de control interno, control de legalidad, recursos humanos, planificación y coordinación técnico institucional, que asesorará a esta Administración Federal en materia de políticas de integridad y transparencia.
Que con el objetivo de asistir al mencionado Comité en el cumplimiento de sus funciones y en la coordinación de la implementación de las políticas de Integridad y Ética Pública que se establezcan, resulta conveniente la creación de una Dirección Ejecutiva del Comité.
Que, asimismo, resulta necesario que las tareas oportunamente asignadas a la Dirección de Integridad Institucional y que se encuentran enmarcadas en las responsabilidades primarias asignadas a las Subdirecciones Generales de Auditoría Interna y de Recursos Humanos -establecidas por el Decreto Nº 898/05-, vuelvan a ser desempeñadas por dichas áreas.
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Gestión Organizacional y de Legislación, el Comité de Análisis de Estructura Organizacional, y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Coordinación Técnico Institucional, Recursos Humanos, Planificación y Auditoría Interna.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,