Apruébase la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de abril de 1.982 y el 28 de julio de 1.994, respectivamente.

Cantidad de Artículos: 320

RATIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

SANCIONA:

ARTICULO 1° — Apruébase la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, adoptada por la TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, en la ciudad de Nueva York el 30 de abril de 1.982, firmada por la REPUBLICA ARGENTINA el 5 de octubre de 1.984, cuyo texto original en idioma español consta de TRESCIENTOS VEINTE (320) artículos y NUEVE (9) Anexos, forma parte de la presente ley; y, el ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DE LA PARTE XI DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, que se incorporó al Anexo de la Resolución 48/263 de la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, que fue adoptado en la ciudad de Nueva York el 28 de julio de 1.994 y cuyo texto original en idioma español consta de DIEZ (10) artículos y un Anexo, y que también forma parte de la presente ley.

ARTICULO 2° — Al depositarse el instrumento de ratificación deberán formularse las siguientes declaraciones:

a) "Con relación a aquellas disposiciones de la Convención que tratan del paso inocente a través del mar territorial, es intención del Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA continuar aplicando el régimen vigente en la actualidad al paso de buques de guerra extranjeros a través del mar territorial argentino, siendo dicho régimen totalmente compatible con las disposiciones de la Convención".

b) "En relación con la Parte III de la Convención, el gobierno argentino declara que el TRATADO DE PAZ Y AMISTAD celebrado con la REPUBLICA DE CHILE el 29 de noviembre de 1.984, que entró en vigor el 2 de mayo de 1.985 y que fue registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de la Carta de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, ambos Estados ratificaron la vigencia del artículo V del TRATADO DE LIMITES DE 1.881 de acuerdo con el cual el Estrecho de Magallanes está neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas de todas las naciones. El citado TRATADO DE PAZ Y AMISTAD contiene asimismo disposiciones específicas y un Anexo especial sobre navegación que incluye regulaciones para buques de terceras banderas en el Canal Beagle y otros pasos y canales del archipiélago de la Tierra del Fuego".

c) "La REPUBLICA ARGENTINA acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca.

El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, la REPUBLICA ARGENTINA, como estado ribereño, y los estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su zona económica exclusiva deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar.

Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin".

d) "La ratificación de la Convención por parte del gobierno argentino no implica aceptación del Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a ese respecto la REPUBLICA ARGENTINA, como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1.982 (A/CONF. 62/WS/35), hace expresa su reserva en el sentido de que la Resolución III, contenida en el Anexo I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la "Cuestión de las Islas Malvinas", la cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 20/2065, 28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de descolonización.

En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en una interpretación de la Resolución III que vulnere los derechos de la REPUBLICA ARGENTINA sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta cuestión, que el gobierno argentino considera de la mayor importancia.

En tal sentido el gobierno argentino entenderá que la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada es contraria a las referidas resoluciones adoptadas por las NACIONES UNIDAS, cuyo objetivo es la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas por la vía de las negociaciones bilaterales y con los buenos oficios del SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Además, la REPUBLICA ARGENTINA entiende que al referirse el Acta Final, en su párrafo 42, a que la Convención junto con las Resoluciones I a IV, constituye un conjunto inseparable, meramente describe el procedimiento que se siguió para evitar en la Conferencia una serie de votaciones separadas sobre la Convención y las Resoluciones. La Convención misma claramente establece en su artículo 318 que sólo sus Anexos forman parte integrante de ella, por lo que todo otro instrumento o documento aún cuando haya sido adoptado por la Conferencia no forma parte integrante de la CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR".

e) "La REPUBLICA ARGENTINA respeta plenamente el derecho de libre navegación tal como está consagrado por la Convención; sin embargo, considera necesario que se regule debidamente el tránsito marítimo de buques con cargamentos de sustancias radiactivas de alta actividad.

El gobierno argentino acepta las normas sobre prevención de la contaminación marina contenidas en la parte XII de la Convención pero considera que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la adopción de ese instrumento internacional, es preciso complementar y reforzar las disposiciones para prevenir, controlar y minimizar los efectos de la contaminación del mar por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y sustancias radiactivas de alta actividad".

f) "De acuerdo con lo establecido por el artículo 287 el gobierno argentino declara que acepta en orden de prelación preferencial los siguientes métodos de solución de controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención:

a) el Tribunal Internacional de Derecho del Mar;

b) Un tribunal arbitral constituido de conformidad con el Anexo VIII para cuestiones relativas a pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, de acuerdo con el artículo 1 del Anexo VIII. Asimismo el gobierno argentino declara que no acepta los procedimientos previstos en la parte XV, sección 2 con respecto a las controversias especificadas en los párrafos 1 a, b) y c) del artículo 298".

ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Visualizar Convención

ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS

1. Atún blanco: Thunnus alalunga

2. Atún rojo: Thunnus thynnus

3. Patudo: Thunnus obesus

4. Listado: katsuwonus pelamis

5. Rabil: Thunnus albacares

6. Atún de aleta negra: Thunnus atlanticus

7. Bonito del Pacífico: Euthynnus Alletteratus; Euthynnus affinis

8. Atún de aleta azul del sur: Thunnus maccoyii

9. Melva: Auxis thazard; Auxis rochei

10.Japuta: Familia bramidae

11.Marlin: Tetrapturus angustirostris; Tretapturus belone, Tretapturus albidus; Tetrapturus audax; tetrapturus george; makaira mazara; Makaira indica; Makaira nigricans

12.Velero: Istiophorus platypterus; Istiophorus albicans

13.Pez espada: xiphias glagius

14.Paparda:Scomberesox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides

15.Dorado: Coryphaena equisetis

16.Tiburón oceánico: hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Familia Alopiidae; Rhincodon typus; Familia Carcharhindae; Familia Isuridae

17.Cetáceos(ballena y focena):Familia Physeteridae; Familia

Balaenopteridae; Familia balaenidae; Familia eschrichtiidae; Familia Monodontidae; Familia ziphiidae; Familia Delphiaidae

COMISION DE LIMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Artículo 1

Con arreglo a las disposiciones del artículo 76, se establecerá una Comisión de límites de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas, de conformidad con los siguientes artículos.

Artículo 2

1. La Comisión estará compuesta de 21 miembros, expertos en geología, geofísica o hidrografía, elegidos por los Estados Partes en esta Convención entre sus nacionales, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de asegurar una representación geográfica equitativa, quienes prestarán sus servicios a título personal.

2. La elección inicial se realizará lo más pronto posible, y en todo caso dentro de un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Convención. Por lo menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar candidaturas dentro de un plazo de tres meses, tras celebrar las consultas regionales pertinentes. El Secretario General preparará una lista en orden alfabético de todas las personas así designadas y la presentará a todos los Estados Partes.

3. Las elecciones de los miembros de la Comisión se realizarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, para lo cual constituirán quórum los dos tercios de los Estados Partes, serán elegidos miembros de la comisión los candidatos que obtengan una mayoría de dos tercios de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. Se elegirán por lo menos tres miembros de cada región geográfica.

4. Los miembros de la Comisión desempeñarán su cargo por cinco años y podrán ser reelegidos.

5. El Estado Parte que haya presentado la candidatura de un miembro de la Comisión sufragará los gastos de dicho miembro mientras preste servicios en la Comisión. El Estado ribereño interesado sufragará los gastos efectuados con motivo del asesoramiento previsto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 de este Anexo. El Secretario General de las Naciones Unidas proveerá los servicios de la secretaría de la Comisión.

Artículo 3

1. Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Examinar los datos y otros elementos de información presentados por los Estados ribereños respecto de los límites exteriores de la plataforma continental cuando ésta se extienda más allá de 200 millas marinas y hacer recomendaciones de conformidad con el artículo 76 y la Declaración de Entendimiento aprobada el 29 de agosto de 1.980 por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

b) Prestar asesoramiento científico y técnico, si lo solicita el Estado ribereño interesado, durante la preparación de los datos mencionados en el apartado a).

2. La Comisión podrá cooperar, en la medida que se considere útil y necesario, con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, la Organización Hidrográfica Internacional y otras organizaciones internacionales competentes a fin de intercambiar información científica y técnica que pueda ser útil para el desempeño de las funciones de la Comisión.

Artículo 4

El estado ribereño que se proponga establecer, de conformidad con el artículo 76, el límite exterior de su plataforma continental más allá de 200 millas marinas presentará a la Comisión las características de ese límite junto con información científica y técnica de apoyo lo ante posible, y en todo caso dentro de los 10 años siguientes a la entrada en vigor de esta Convención respecto de ese Estado. El Estado ribereño comunicará al mismo tiempo los nombres de los miembros de la Comisión que le hayan prestado asesoramiento científico y técnico.

Artículo 5

A menos que decida otra cosa, la Comisión funcionará mediante subcomisiones integradas por siete miembros, designados de forma equilibrada teniendo en cuenta los elementos específicos de cada presentación hecha por un Estado ribereño. Los miembros de la Comisión nacionales del Estado ribereño que haya hecho la presentación o los que hayan asistido a ese Estado prestando asesoramiento científico y técnico con respecto al trazado de las líneas no podrán ser miembros de la subcomisión que se ocupe de esa presentación, pero tendrán derecho a participar en calidad de miembros en las actuaciones de la Comisión relativas a dicha presentación.

Artículo 6

1. La subcomisión presentará sus recomendaciones a la Comisión.

2. La Comisión aprobará las recomendaciones de la subcomisión por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

3. Las recomendaciones de la Comisión se presentarán por escrito al Estado ribereño que haya hecho la presentación y al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 7

Los Estados ribereños establecerán el límite exterior de su plataforma continental de conformidad con las disposiciones del párrafo 8 del artículo 76 y con arreglo a los procedimientos nacionales pertinentes.

Artículo 8

En caso de desacuerdo del Estado ribereño con las recomendaciones de la Comisión, el Estado ribereño hará a la Comisión, dentro de un plazo razonable, una presentación revisada o una nueva presentación.

Artículo 9

Las actuaciones de la Comisión no afectarán a los asuntos relativos a la fijación de los límites entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente.

Visualizar Anexo III

ESTATUTO DE LA EMPRESA

Artículo 1

Objetivos

1. La Empresa será el órgano de la Autoridad que realizará actividades en la Zona directamente, en cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 153, así como actividades de transporte, tratamiento y comercialización de minerales extraídos de la Zona.

2. En el cumplimiento de sus objetivos y en el desempeño de sus funciones, la Empresa actuará de conformidad con esta Convención y con las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.

3. En el aprovechamiento de los recursos de la Zona conforme al párrafo 1, la Empresa actuará según principios comerciales sólidos, con sujeción a esta Convención.

Artículo 2

Relación con la Autoridad

1. Con arreglo al artículo 170, la Empresa actuará de conformidad con la política general de la Asamblea y las directrices del Consejo.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1, la Empresa gozará de autonomía en la realización de sus operaciones.

3. Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de que la Empresa responderá de los actos u obligaciones de la Autoridad ni la Autoridad de los actos u obligaciones de la Empresa.

Artículo 3

Limitación de responsabilidad

Sin perjuicio del párrafo 3 del artículo 11 de este Anexo, ningún miembro de la Autoridad responderá, por el mero hecho de serlo, de los actos u obligaciones de la Empresa.

Artículo 4

Estructura

La Empresa tendrá una Junta Directiva, un Director General y el personal necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 5

Junta Directiva

1. La Junta Directiva estará integrada por 15 miembros elegidos por la Asamblea de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del artículo 160. En la elección de los miembros de la Junta se tendrá debidamente en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa. Al presentar candidaturas para la Junta, los miembros de la Autoridad tendrán presente la necesidad de que los candidatos que propongan tengan el máximo nivel de competencia y las calificaciones necesarias en las esferas pertinentes, a fin de asegurar la viabilidad y el éxito de la Empresa.

2. Los miembros de la Junta serán elegidos por cuatro años y podrán ser reelegidos. En su elección y reelección se tendrá debidamente en cuenta el principio de la rotación.

3. Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos hasta que sean elegidos sus sucesores. Si el cargo de un miembro de la Junta queda vacante, la Asamblea elegirá, de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del artículo 160, un nuevo miembro para el resto del mandato de su predecesor.

4. Los miembros de la Junta actuarán a título personal. En el desempeño de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno o ninguna otra fuente. Los miembros de la Autoridad respetarán el carácter independiente de los miembros de la Junta y se abstendrán de todo intento de influir sobre cualquiera de ellos en el desempeño de sus funciones.

5. Los miembros de la Junta percibirán una remuneración con cargo a los fondos de la Empresa. La cuantía de la remuneración será fijada por la Asamblea por recomendación del Consejo.

6. La Junta celebrará normalmente sus sesiones en la oficina principal de la Empresa y se reunirá con la frecuencia que los asuntos de la Empresa requieran.

7. Dos tercios de los miembros de la Junta constituirán quórum.

8. Cada miembro de la Junta tendrá un voto. Las decisiones de la Junta serán adoptadas por mayoría de sus miembros. Si un miembro tuviere un conflicto de intereses respecto de una de esas cuestiones, no participará en la votación correspondiente.

9. Cualquier miembro de la Autoridad podrá pedir a la Junta información relativa a las operaciones de la Empresa que le afecten particularmente. La Junta procurará proporcionar tal información.

Artículo 6

Facultades y funciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva dirigirá las operaciones de la Empresa. Con sujeción a esta Convención, la Junta Directiva ejercerá las facultades necesarias para cumplir los objetivos de la Empresa, incluidas las de:

a) Elegir entre sus miembros un Presidente;

b) Adoptar su reglamento;

c) Elaborar y presentar por escrito al Consejo planes de trabajo oficiales, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 153 y el apartado j) del párrafo 2 del artículo 162;

d) Elaborar planes de trabajo y programas para la realización de las actividades previstas en el artículo 170;

e) Preparar solicitudes de autorización de producción y presentarlas al Consejo de conformidad con los párrafos 2 a 7 del artículo 151;

f) Autorizar negociaciones sobre la adquisición de tecnología, incluidas las previstas en los apartados a), c) y d) del párrafo 3 del artículo 5 del Anexo III, y aprobar los resultados de tales negociaciones;

g) Fijar modalidades y condiciones y autorizar negociaciones sobre empresas conjuntas y otras formas de arreglos conjuntos, según se prevé en los artículos 9 y 11 del Anexo III, y aprobar los resultados de tales negociaciones;

h) Recomendar a la Asamblea qué parte de los beneficios netos de la Empresa deberá retenerse como reservas de conformidad con el apartado f) del párrafo 2 del artículo 160 y con el artículo 10 de este Anexo;

i) Aprobar el presupuesto anual de la Empresa;

j) Autorizar la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12 de este Anexo;

k) Presentar un informe anual al Consejo, de conformidad con el artículo 9 de este Anexo;

l) Presentar al Consejo, para su aprobación por la Asamblea, proyectos de normas respecto de la organización, la administración, el nombramiento y la destitución del personal de la Empresa, y adoptar reglamentos para aplicar dichas normas;

m) Contraer préstamos y dar las garantías o cauciones que determine de conformidad con el párrafo 2 del artículo 11 de este Anexo;

n) Incoar acciones judiciales, concertar acuerdos y transacciones y adoptar cualquier otra medida conforme al artículo 13 de este Anexo;

o) Delegar, con sujeción a la aprobación del Consejo, cualquiera de sus facultades no discrecionales en sus comités o en el Director General.

Artículo 7

Director General y personal

1. La Asamblea elegirá por recomendación del Consejo, previa propuesta de la Junta Directiva, un Director General que no será miembro de la Junta. El Director General desempeñará su cargo por un período determinado, que no excederá de cinco años, y podrá ser reelegido por nuevos períodos.

2. El Director General será el representante legal de la Empresa y su jefe ejecutivo y responderá directamente ante la Junta Directiva de la gestión de los asuntos de la Empresa. Tendrá a su cargo la organización, la administración, el nombramiento y la destitución del personal, de conformidad con las normas y reglamentos mencionados en el apartado l) del artículo 6 de este Anexo. Participará, sin voto, en las reuniones de la Junta y podrá participar, sin voto, en las reuniones de la Asamblea y del Consejo cuando estos órganos examinen cuestiones relativas a la Empresa.

3. La consideración primordial al contratar y nombrar al personal y al determinar sus condiciones de servicio será la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia y competencia técnica. Con sujeción a esta consideración, se tendrá debidamente en cuenta la importancia de contratar al personal sobre una base geográfica equitativa.

4. En el desempeño de sus funciones, el Director General y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a la Empresa. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la Empresa. Todo Estado Parte se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director General y del personal, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

5. Las obligaciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 168 se aplicarán igualmente al personal de la Empresa.

Artículo 8

Ubicación

La Empresa tendrá su oficina principal en la sede de la Autoridad. Podrá establecer otras oficinas e instalaciones en el territorio de cualquier Estado Parte, con el consentimiento de éste.

Artículo 9

Informes y estados financieros

1. En los tres meses siguientes a la terminación de cada ejercicio económico, la Empresa someterá al examen del Consejo un informe anual que contenga un estado de cuentas certificado por auditores, y enviará al Consejo a intervalos apropiados un estado resumido de la situación financiera y un estado de pérdidas y ganancias que muestre el resultado de sus operaciones.

2. La Empresa publicará su informe anual y los demás informes que estime apropiado.

3. Se transmitirán a los miembros de la Autoridad todos los informes y estados financieros mencionados en este artículo.

Artículo 10

Distribución de los beneficios netos

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, la Empresa hará pagos a la Autoridad con arreglo al artículo 13 del Anexo III, o su equivalente.

2. La Asamblea, por recomendación de la Junta Directiva, decidirá qué parte de los beneficios netos de la Empresa se retendrá como reservas de ésta. El resto de los beneficios netos se transferirá a la Autoridad.

3. Durante el período inicial necesario para que la Empresa llegue a autofinanciarse, que no excederá de diez años contados a partir del comienzo de su producción comercial, la Asamblea eximirá a la Empresa de los pagos mencionados en el párrafo 1 y dejará la totalidad de los beneficios netos de la Empresa en las reservas de ésta.

Artículo 11

Finanzas

1. Los fondos de la Empresa comprenderán:

a) Las cantidades recibidas de la Autoridad de conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 173;

b) Las contribuciones voluntarias que aporten los Estados Partes con objeto de financiar actividades de la Empresa;

c) Los préstamos obtenidos por la Empresa de conformidad con los párrafos 2 y 3;

d) Los ingresos procedentes de las operaciones de la Empresa;

e) Otros fondos puestos a disposición de la Empresa para permitirle comenzar las operaciones lo antes posible y desempeñar sus funciones.

2. a) La Empresa estará autorizada para obtener fondos en préstamos y para dar las garantías o cauciones que determine. Antes de proceder a una venta pública de sus obligaciones en los mercados financieros o en la moneda de un Estado Parte, la Empresa obtendrá la aprobación de ese Estado. El monto total de los préstamos será aprobado por el Consejo previa recomendación de la Junta Directiva;

b) Los Estados Partes harán cuánto sea razonable por apoyar a la Empresa en sus solicitudes de préstamos en los mercados de capital y a instituciones financieras internacionales.

3. a) Se proporcionarán a la Empresa los fondos necesarios para explorar y explotar un sitio minero y para transportar, tratar y comercializar los minerales extraídos de él y el níquel, el cobre, el cobalto y el manganeso obtenidos, así como para cubrir sus gastos administrativos iniciales. La Comisión Preparatoria consignará el monto de esos fondos, así como los criterios y factores para su reajuste, en los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad;

b) Todos los Estados Partes pondrán a disposición de la Empresa una cantidad equivalente a la mitad de los fondos mencionados en el apartado a), en forma de préstamos a largo plazo y sin interés, con arreglo a la escala de cuotas para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas en vigor en la fecha de aportación de las contribuciones, ajustada para tener en cuenta a los Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas. La otra mitad de los fondos se recaudará mediante préstamos garantizados por los Estados Partes con arreglo a dicha escala;

c) Si la suma de las contribuciones financieras de los Estados Partes fuere menor que los fondos que deban proporcionarse a la Empresa con arreglo al apartado a), la Asamblea, en su primer período de sesiones, considerará la cuantía del déficit y, teniendo en cuenta la obligación de los Estados Partes en virtud de lo dispuesto en los apartados a) y b) y las recomendaciones de la Comisión Preparatoria, adoptará por consenso medidas para hacer frente a dicho déficit;

d) i) Cada Estado Parte deberá dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Convención o dentro de los 30 días siguientes al depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, si esta fecha fuere posterior, depositar en la Empresa pagarés sin interés, no negociables e irrevocables por un monto igual a la parte que corresponda a dicho Estado de los préstamos previstos en el apartado b);

ii) Tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor de esta Convención, y en lo sucesivo anualmente o con otra periodicidad adecuada, la Junta Directiva preparará un programa que indique el monto de los fondos que precisará para sufragar los gastos administrativos de la Empresa y para la realización de actividades conforme al artículo 170 y al artículo 12 de este Anexo y las fechas en que necesitará esos fondos;

iii) Una vez preparado ese programa, la Empresa notificará a cada Estado Parte, por conducto de la Autoridad, la parte que le corresponda de tales gastos con arreglo al apartado b). La Empresa cobrará las sumas de los pagarés que sean necesarias para hacer frente a los gastos indicados en el programa antes mencionado con respecto a los préstamos sin interés;

iv) Cada Estado Parte, al recibir la notificación, pondrá a disposición de la Empresa la parte que le corresponda de las garantías de deuda de la Empresa mencionadas en el apartado b);

e) i) Previa solicitud de la Empresa, un Estado Parte podrá garantizar deudas adicionales a las que haya garantizado con arreglo a la escala mencionada en el apartado b);

ii) En lugar de una garantía de deuda, un Estado Parte podrá aportar a la Empresa una contribución voluntaria de cuantía equivalente a la parte de las deudas que de otro modo estaría obligado a garantizar;

f) El reembolso de los préstamos con interés tendrá prioridad sobre el de los préstamos sin interés. El reembolso de los préstamos sin interés se hará con arreglo a un programa aprobado por la Asamblea por recomendación del Consejo y con el asesoramiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva desempeñará esta función de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad, en las que se tendrá en cuenta la importancia primordial de asegurar el funcionamiento eficaz de la Empresa y, en particular, su independencia financiera;

g) Los fondos se pondrán a disposición de la Empresa en monedas de libre uso o en monedas que puedan obtenerse libremente y utilizarse efectivamente en los principales mercados de divisas. Estas monedas se definirán en las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad, de conformidad con la práctica monetaria internacional vigente. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, ningún Estado Parte mantendrá ni impondrá restricciones a la tenencia, uso o cambio de esos fondos por la Empresa;

h) Por "garantía de deuda" se entenderá la promesa de un Estado Parte a los acreedores de la Empresa de pagar proporcionalmente, según la escala adecuada, las obligaciones financieras de la Empresa cubiertas por la garantía una vez que los acreedores hayan notificado al Estado Parte la falta de pago. Los procedimientos para el pago de esas obligaciones se ajustarán a las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad.

4. Los fondos, haberes y gastos de la Empresa se mantendrán separados de los de la Autoridad. No obstante, la Empresa podrá concertar acuerdos con la Autoridad en materia de instalaciones, personal y servicios, así como para el reembolso de los gastos administrativos que haya pagado una por cuenta de la otra.

5. Los documentos, libros y cuentas de la Empresa, incluidos sus Estados, financieros anuales, serán certificados anualmente por un auditor independiente designado por el Consejo.

Artículo 12

Operaciones

1. La Empresa presentará al Consejo proyectos para realizar actividades de conformidad con el artículo 170. Tales proyectos contendrán un plan de trabajo oficial escrito de las actividades que hayan de realizarse en la Zona, conforme al párrafo 3 del artículo 153, y los demás datos e informaciones que sean necesarios para su evaluación por la Comisión Jurídica y Técnica y su aprobación por el Consejo.

2. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo, la Empresa lo ejecutará sobre la base del plan de trabajo oficial escrito mencionado en el párrafo 1.

3. a) Cuando la Empresa no disponga de los bienes y servicios necesarios para sus operaciones, podrá adquirirlos. Con tal objeto, solicitará licitaciones y adjudicará contratos a los licitantes que ofrezcan la mejor combinación de calidad, precio y fecha de entrega;

b) Cuando haya más de un licitante que cumpla esas condiciones, el contrato se adjudicará de conformidad con:

i) El principio de la no discriminación por consideraciones políticas u otras consideraciones no relacionadas con la diligencia y eficacia debidas en las operaciones;

ii) Las directrices que apruebe el Consejo en relación con la preferencia que haya de darse a los bienes y servicios procedentes de Estados en desarrollo, incluidos aquellos sin litoral o en situación geográfica desventajosa;

c) La Junta Directiva podrá adoptar normas que determinen las circunstancias especiales en que, atendiendo a los intereses de la Empresa, podrá omitirse el requisito de solicitar licitaciones.

4. La Empresa será propietaria de los minerales y las sustancias tratadas que obtenga.

5. La Empresa venderá sus productos en forma no discriminatoria. No concederá descuentos no comerciales.

6. Sin perjuicio de las facultades generales o especiales que le confieran otras disposiciones de esta Convención, la Empresa ejercerá todas las necesarias para el desempeño de su cometido.

7. La Empresa no intervendrá en los asuntos políticos de ningún Estado Parte y la orientación política de los Estados de que se trate no influirá en sus decisiones, cuya adopción sólo se basará en consideraciones de orden comercial, evaluados imparcialmente, a los efectos de lograr los objetivos indicados en el artículo 1 de este Anexo.

Artículo 13

Condición jurídica, privilegios e inmunidades

1. A fin de que la Empresa pueda desempeñar sus funciones, se le concederán en el territorio de los Estados Partes la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades establecidos en este artículo. Con ese propósito, la Empresa y los Estados Partes podrán concertar los acuerdos especiales que consideren necesarios.

2. La Empresa tendrá la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y el logro de sus fines y, en particular, para:

a) Celebrar contratos y arreglos conjuntos o de otra índole, inclusive acuerdos con Estados y organizaciones internacionales;

b) Adquirir, arrendar, poseer y enajenar bienes muebles o inmuebles;

c) Ser parte en procedimientos judiciales.

3. a) La Empresa sólo podrá ser demandada ante los tribunales competentes de un Estado Parte en cuyo territorio:

i) Tenga una oficina o instalación;

ii) Haya designado un apoderado para aceptar emplazamientos o notificaciones de demandas judiciales;

iii) Haya celebrado un contrato respecto de bienes o servicios;

iv) Haya emitido obligaciones; o

v) Realice otras actividades comerciales;

b) Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad contra cualquier forma de incautación, embargo o ejecución mientras no se dicte sentencia firme contra la Empresa.

4. a) Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, gozarán de inmunidad de requisa, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de incautación por decisión ejecutiva o legislativa;

b) Los bienes y haberes de la Empresa, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, estarán exentos de todo tipo de restricciones, reglamentaciones, controles y moratorias de carácter discriminatorio;

c) La Empresa y su personal respetarán las leyes y reglamentos de cualquier Estado o territorio en que realicen actividades comerciales o de otra índole;

d) Los Estados Partes velarán porque la Empresa goce de todos los derechos, privilegios e inmunidades que ellos reconozcan a entidades que realicen actividades comerciales en sus territorios. Los derechos, privilegios e inmunidades reconocidos a la Empresa no serán menos favorables que los reconocidos a entidades comerciales que realicen actividades similares. Cuando los Estados Partes otorguen privilegios especiales a Estados en desarrollo o a sus entidades comerciales, la Empresa gozará de esos privilegios en forma igualmente preferencial;

e) Los Estados Partes podrán otorgar incentivos, derechos, privilegios e inmunidades especiales a la Empresa sin quedar obligados a otorgarlos a otras entidades comerciales.

5. La Empresa negociará con los países en que estén ubicadas sus oficinas e instalaciones la exención de impuestos directos e indirectos.

6. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para incorporar a su legislación los principios enunciados en este Anexo e informará a la Empresa de las medidas concretas que haya tomado.

7. La Empresa podrá renunciar, en la medida y condiciones que determine, a cualquiera de los privilegios e inmunidades concedidos por este artículo o por los acuerdos especiales mencionados en el párrafo 1.

CONCILIACION

SECCION 1. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE CONFORMIDAD CON LA SECCION 1 DE LA PARTE XV

Artículo 1

Incoación del procedimiento

Si las partes en una controversia ha convenido, de conformidad con el artículo 284, en someterla al procedimiento de conciliación previsto en esta sección, cualquiera de ellas podrá incoar el procedimiento mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia.

Artículo 2

Constitución de la comisión de conciliación

El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de conciliadores. Cada Estado Parte tendrá derecho a designar cuatro conciliadores, quienes serán personas que gocen de la más alta reputación de imparcialidad, competencia e integridad. La lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas. Si en cualquier momento los conciliadores designados por uno de los Estados Partes para integrar la lista fueren menos de cuatro, ese Estado Parte podrá hacer las nuevas designaciones a que tenga derecho. El nombre de un conciliador permanecerá en la lista hasta que sea retirado por el Estado Parte que lo haya designado; no obstante, seguirá formando parte de cualquier comisión de conciliación para la cual se le haya nombrado hasta que termine el procedimiento ante esa comisión.

Artículo 3

Constitución de la comisión de conciliación

Salvo que las partes acuerden otra cosa, la comisión de conciliación se constituirá de la forma siguiente:

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado g), la comisión de conciliación estará integrada por cinco miembros;

b) La parte que incoe el procedimiento nombrará dos conciliadores, de preferencia elegidos de la lista mencionada en el artículo 2 de este Anexo, uno de los cuales podrá ser nacional suyo, salvo que las partes convengan otra cosa. Esos nombramientos se incluirán en la notificación prevista en el artículo 1 de este Anexo;

c) La otra parte en la controversia nombrará, en la forma prevista en el apartado b), dos conciliadores dentro de los 21 días siguientes a la recepción de la notificación prevista en el artículo 1 de este Anexo. Si no se efectúan los nombramientos en ese plazo, la parte que haya incoado el procedimiento podrá, dentro de la semana siguiente a la expiración del plazo, poner término al procedimiento mediante notificación dirigida a la otra parte o pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que haga los nombramientos de conformidad con el apartado e);

d) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último nombramiento, los cuatro conciliadores nombrarán un quinto conciliador, elegido de la lista mencionada en el artículo 2, que será el presidente. Si el nombramiento no se realiza en ese plazo, cualquiera de las partes podrá pedir al Secretario General de las Naciones Unidas, dentro de la semana siguiente a la expiración del plazo, que haga el nombramiento de conformidad con el apartado e);

e) Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de una solicitud hecha con arreglo a los apartados c) o d), el Secretario General de las Naciones Unidas hará los nombramientos necesarios escogiendo de la lista mencionada en el artículo 2 de este Anexo en consulta con las partes en la controversia;

f) Las vacantes se cubrirán en la forma prescrita para los nombramientos iniciales;

g) Dos o más partes que determinen de común acuerdo que tienen un mismo interés nombrarán conjuntamente dos conciliadores. Cuando dos o más partes tengan intereses distintos, o no haya acuerdo acerca de si tienen un mismo interés, las partes nombrarán conciliadores separadamente;

h) En las controversias en que existan más de dos partes que tengan intereses distintos, o cuando no haya acuerdo acerca de si tienen un mismo interés, las partes aplicarán en la medida posible los apartados a) a f).

Artículo 4

Procedimiento

Salvo que las partes acuerden otra cosa, la comisión de conciliación determinará su propio procedimiento. La comisión, con el consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de los Estados Partes a que le presente sus opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones relativas a cuestiones de procedimiento, las recomendaciones y el informe de la comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros.

Artículo 5

Solución amistosa

La comisión podrá señalar a la atención de las partes cualesquiera medidas que puedan facilitar una solución amistosa de la controversia.

Artículo 6

Funciones de la comisión

La comisión oirá a las partes, examinará sus pretensiones y objeciones, y les formulará propuestas para que lleguen a una solución amistosa.

Artículo 7

Informe

1. La comisión presentará un informe dentro de los 12 meses siguientes a su constitución. En su informe dejará constancia de los acuerdos a que se haya llegado y, si no ha habido acuerdo, de sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho o de derecho relativas a la cuestión en litigio e incluirá las recomendaciones que estime adecuadas para una solución amistosa. El informe será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo transmitirá inmediatamente a las partes en la controversia.

2. El informe de la comisión, incluidas sus conclusiones y recomendaciones, no será obligatorio para las partes.

Artículo 8

Terminación del procedimiento

El procedimiento de conciliación terminará cuando se haya llegado a una solución, cuando las partes hayan aceptado o una de ellas haya rechazado las recomendaciones del informe mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas o cuando haya transcurrido un plazo de tres meses desde la fecha en que se transmitió el informe a las partes.

Artículo 9

Honorarios y gastos

Los honorarios y gastos de la comisión correrán a cargo de las partes en la controversia.

Artículo 10

Derecho de las partes a modificar el procedimiento

Las partes en la controversia podrán modificar, mediante acuerdos aplicables únicamente a esa controversia, cualquier disposición de este Anexo.

SECCION 2. SUMISION OBLIGATORIA AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE CONFORMIDAD CON LA SECCION 3 DE LA PARTE XV

Artículo 11

Incoación del procedimiento

1. Toda parte en una controversia que, de conformidad con la sección 3 de la Parte XV, pueda ser sometida al procedimiento de conciliación previsto en esta sección, podrá incoar el procedimiento mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia.

2. Toda parte en la controversia que haya sido notificada con arreglo al párrafo 1 estará obligada a someterse a ese procedimiento.

Artículo 12

Falta de repuesta o de sumisión al procedimiento de conciliación

El hecho de que una o varias partes en la controversia no respondan a la notificación relativa a la incoación del procedimiento, o no se sometan a ese procedimiento, no será obstáculo para la sustanciación de éste.

Artículo 13

Competencia

Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comisión de conciliación establecida en virtud de esta sección será dirimido por esa comisión.

Artículo 14

Aplicación de la sección 1

Los artículos 2 a 10 de la sección 1 se aplicarán con sujeción a las disposiciones de esta sección.

Visualizar Anexo VI

ARBITRAJE

Artículo 1

Incoación del procedimiento

Con sujeción a lo dispuesto en la Parte XV, cualquier parte en una controversia podrá someterla al procedimiento de arbitraje previsto en este Anexo mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia. La notificación irá acompañada de una exposición de las pretensiones y de los motivos en que éstas se funden.

Artículo 2

Lista de árbitros

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de árbitros. Cada Estado Parte tendrá derecho a designar cuatro árbitros, quienes serán personas con experiencia en asuntos marítimos que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad, competencia e integridad. La lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas.

2. Si en cualquier momento los árbitros designados por un Estado Parte para integrar la lista fueren menos de cuatro, ese Estado Parte tendrá derecho a hacer las nuevas designaciones necesarias.

3. El nombre de un árbitro permanecerá en la lista hasta que sea retirado por el Estado Parte que lo haya designado; no obstante, seguirá formando parte de cualquier tribunal de arbitraje para el cual haya sido nombrado hasta que termine el procedimiento ante ese tribunal.

Artículo 3

Constitución del tribunal arbitral

Para los efectos del procedimiento previsto en este Anexo, el tribunal arbitral se constituirá, a menos que las partes acuerden otra cosa, de la forma siguiente:

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado g), el tribunal arbitral estará integrado por cinco miembros.

b) La parte que incoe el procedimiento nombrará un miembro, de preferencia elegido de la lista mencionada en el artículo 2 de este Anexo, el cual podrá ser nacional suyo. El nombramiento se incluirá en la notificación prevista en el artículo 1 de este Anexo.

c) La otra parte en la controversia nombrará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación mencionada en el artículo 1 de este Anexo, un miembro, de preferencia elegido de la lista, que podrá ser nacional suyo. Si no se efectuare el nombramiento en ese plazo, la parte que haya incoado el procedimiento podrá pedir, dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del plazo, que el nombramiento se haga de conformidad con el apartado e);

d) Los otros tres miembros serán nombrados por acuerdo entre las partes. Serán elegidos preferentemente de la lista y serán nacionales de terceros Estados, a menos que las partes acuerden otra cosa. Las partes en la controversia nombrarán al presidente del tribunal arbitral de entre esos tres miembros. Si en un plazo de 60 días contado desde la fecha de recepción de la notificación mencionada en el artículo 1 de este Anexo las partes no pudieren llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de uno o varios de los miembros del tribunal que deban ser nombrados de común acuerdo, o sobre el nombramiento del presidente, el nombramiento o los nombramientos pendientes se harán de conformidad con lo dispuesto en el apartado e), a solicitud de una de las partes en la controversia. Esa solicitud se presentará dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del mencionado plazo de 60 días;

e) Salvo que las partes acuerden encomendar a una persona o a un tercer Estado elegido por ellas cualquiera de los nombramientos previstos en los apartados c) y d), el Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar efectuará los nombramientos necesarios. Si el Presidente no pudiere actuar con arreglo a lo previsto en este apartado o fuere nacional de una de las partes en la controversia, el nombramiento será efectuado por el miembro más antiguo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que esté disponible y que no sea nacional de ninguna de las partes. Los nombramientos previstos en este apartado se harán eligiendo de la lista mencionada en el artículo 2 de este Anexo en un plazo de 30 días contado desde la fecha de recepción de la solicitud y en consulta con las partes. Los miembros así nombrados serán de nacionalidades diferentes no estarán al servicio de ninguna de las partes en la controversia, no residirán habitualmente en el territorio de una de esas partes ni serán nacionales de ninguna de ellas;

f) Las vacantes serán cubiertas en la forma establecida para los nombramientos iniciales;

g) Las partes que hagan causa común nombrarán conjuntamente un miembro del tribunal de común acuerdo. En caso de que haya varias partes que tengan intereses distintos, o de que haya desacuerdo acerca de si hacen o no causa común, cada una de ellas nombrará un miembro del tribunal. El número de miembros del tribunal nombrados separadamente por las partes será siempre inferior en uno al número de miembros del tribunal nombrados conjuntamente por las partes;

h) Los apartados a) a f) se aplicarán, en toda la medida de lo posible, a las controversias en que intervengan más de dos partes.

Artículo 4

Funcionamiento del tribunal arbitral

Todo tribunal arbitral constituido en virtud del artículo 3 de este Anexo funcionará de conformidad con este Anexo y las demás disposiciones de esta Convención.

Artículo 5

Procedimiento

Salvo que las partes en la controversia acuerden otra cosa, el tribunal arbitral fijará su propio procedimiento, garantizando a cada una de las partes plena oportunidad de ser oída y de hacer la defensa de su caso.

Artículo 6

Obligaciones de las partes en la controversia

Las partes en la controversia facilitarán la labor del tribunal arbitral y, en especial, con arreglo a sus leyes y utilizando todos los medios a su disposición.

a) Le proporcionarán todos los documentos, facilidades e información pertinentes;

b) Le permitirán, cuando sea necesario, citar a testigos o peritos y recibir sus declaraciones, así como visitar los lugares relacionados con el caso.

Artículo 7

Gastos

A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa en razón de las circunstancias particulares del caso, las partes en la controversia sufragarán por igual los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros.

Artículo 8

Mayoría necesaria para adoptar decisiones

Las decisiones del tribunal arbitral se adoptarán por mayoría de sus miembros. La ausencia o abstención de menos de la mitad de sus miembros no será impedimento para que el tribunal llegue a una decisión. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Artículo 9

Incomparecencia

Cuando una de las partes en la controversia no comparezca ante el tribunal o se abstenga de hacer la defensa en su caso, la otra parte podrá pedir al tribunal que prosiga las actuaciones y dicte su laudo. La ausencia o incomparecencia de una parte no será obstáculo para llevar adelante las actuaciones. Antes de dictar su laudo, el tribunal arbitral deberá asegurarse no sólo de que es competente en la controversia, sino también de que la pretensión está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.

Artículo 10

Laudo

El laudo de tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y será motivado. Mencionará los nombres de los miembros del tribunal arbitral que hayan participado en su adopción y la fecha en que se haya dictado. Todo miembro del tribunal tendrá derecho a que se agregue al laudo su opinión separada o disidente.

Artículo 11

Carácter definitivo del laudo

El laudo será definitivo e inapelable, a menos que las partes en la controversia hayan convenido previamente en un procedimiento de apelación. El laudo deberá ser cumplido por las partes en la controversia.

Artículo 12

Interpretación o ejecución del laudo

1. Los desacuerdos que surjan entre las partes en la controversia acerca de la interpretación o el modo de ejecución del laudo podrán ser sometidos por cualquiera de las partes a la decisión del tribunal arbitral que haya dictado el laudo. A tal efecto, toda vacante ocurrida en el tribunal será cubierta en la forma establecida para los nombramientos iniciales de los miembros del tribunal.

2. Cualquier desacuerdo de esa naturaleza podrá ser sometido a otro tribunal o Corte de conformidad con el artículo 287 mediante acuerdo de todas las partes en la controversia.

Artículo 13

Aplicación a entidades distintas de los Estados Partes

Las disposiciones de este Anexo se aplicarán, mutatis mutandis, a toda controversia en que intervengan entidades distintas de los Estados Partes.

ARBITRAJE ESPECIAL

Artículo 1

Incoación del procedimiento

Con sujeción a lo dispuesto en la Parte XV, toda parte en una controversia sobre la interpretación o la aplicación de los artículos de esta Convención relativos a 1) pesquerías, 2) protección y preservación del medio marino, 3) investigación científica marina y 4) navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento, podrá someter la controversia al procedimiento de arbitraje especial previsto en este Anexo mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia. La notificación irá acompañada de una exposición de las pretensiones y de los motivos en que éstas se funden.

Artículo 2

Listas de expertos

1. Se establecerá y mantendrá una lista de expertos en cada una de las siguientes materias: 1) pesquerías, 2) protección y preservación del medio marino, 3) investigación científica marina y 4) navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento.

2. El establecimiento y el mantenimiento de cada lista de expertos corresponderá: en materia de pesquerías, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; en materia de protección y preservación del medio marino, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; en materia de investigación científica marina, a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental; en materia de navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento, a la Organización Marítima Internacional, o, en cada caso, al órgano subsidiario pertinente en que la organización, el programa o la comisión haya delegado estas funciones.

3. Cada Estado Parte tendrá derecho a designar dos expertos en cada una de estas materias, de competencia probada y generalmente reconocida en los aspectos jurídico, científico, técnico de la materia correspondiente y que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad e integridad. En cada materia, la lista se compondrá de los nombres de las personas así designadas.

4. Si en cualquier momento los expertos designados por un Estado Parte para integrar una lista fueren menos de dos, ese Estado Parte tendrá derecho a hacer las nuevas designaciones que sean necesarias.

5. El nombre de un experto permanecerá en la lista hasta que sea retirado por el Estado Parte que lo haya designado; no obstante, ese experto seguirá formando parte de todo tribunal arbitral especial para el cual haya sido nombrado hasta que termine el procedimiento ante ese tribunal.

Artículo 3

Constitución del tribunal arbitral especial

Para los efectos del procedimiento previsto en este Anexo, el tribunal arbitral especial se constituirá, a menos que las partes acuerden otra cosa, de la forma siguiente:

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado g), el tribunal arbitral especial estará integrado por cinco miembros;

b) La parte que incoe el procedimiento nombrará dos miembros, de preferencia elegidos de la lista o listas mencionadas en el artículo 2 de este Anexo relativas a las materias objeto de la controversia, los cuales podrán ser nacionales suyos. Los nombramientos se incluirán en la notificación prevista en el artículo 1 de este Anexo;

c) La otra parte en la controversia nombrará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación mencionada en el artículo 1 de este Anexo, dos miembros, de preferencia elegidos de la lista o listas relativas a las materias objeto de la controversia, que podrán ser nacionales suyos. Si no se efectuaren los nombramientos en ese plazo, la parte que haya incoado el procedimiento podrá pedir, dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del plazo, que los nombramientos se hagan de conformidad con el apartado e);

d) Las partes en la controversia nombrarán de común acuerdo al presidente del tribunal arbitral especial, quien será elegido preferentemente de la lista pertinente y será nacional de un tercer Estado, a menos que las partes acuerden otra cosa. Si en un plazo de 30 días contado desde la fecha de recepción de la notificación mencionada en el artículo 1 de ese Anexo las partes no pudieren llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del presente, el nombramiento se hará de conformidad con lo dispuesto en el apartado e), a solicitud de una de las partes en la controversia. Esa solicitud se presentará dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del mencionado plazo de 30 días;

e) Salvo que las partes acuerden encomendar a una persona o a un tercer Estado elegido por ellas cualquiera de los nombramientos previstos en los apartados c) y d), el Secretario General de las Naciones Unidas efectuará los nombramientos necesarios. Los nombramientos previstos en este apartado se harán eligiendo de la lista o listas pertinentes de expertos mencionadas en el artículo 2 de este Anexo en un plazo de 30 días contados desde la fecha de recepción de la solicitud y en consulta con las partes en la controversia y con la organización internacional pertinente. Los miembros así nombrados serán de nacionalidades diferentes y no estarán al servicio de ninguna de las partes en la controversia, no residirán habitualmente en el territorio de una de esas partes ni serán nacionales de ninguna de ellas;

f) Las vacantes serán cubiertas en la forma establecida para los nombramientos iniciales;

g) La partes que hagan causa común nombrarán conjuntamente dos miembros del tribunal de común acuerdo. En caso de que varias partes tengan intereses distintos, o de que haya desacuerdo acerca de si hacen o no causa común, cada una de ellas nombrará un miembro del tribunal;

h) Los apartados a) a f) se aplicarán, en toda medida de lo posible, a las controversias en que intervengan más de dos partes.

Artículo 4

Disposiciones generales

Las disposiciones de los artículos 4 a 13 del Anexo VII se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento de arbitraje especial previsto en este Anexo.

Artículo 5

Determinación de los hechos

1. Las partes en una controversia respecto de la interpretación o la aplicación de las disposiciones de esta Convención relativas a 1) pesquerías, 2) protección y preservación del medio marino, 3) investigación científica marina o 4) navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento, podrán convenir, en cualquier momento, en solicitar que un tribunal arbitral especial constituido de conformidad con el artículo 3 de este Anexo realice una investigación y determine los hechos que hayan originado la controversia.

2. Salvo que las partes acuerden otra cosa, los hechos establecidos por el tribunal arbitral especial en virtud del párrafo 1 se considerarán establecidos entre las partes.

3. Cuando todas las partes en la controversia lo soliciten, el tribunal arbitral especial podrá formular recomendaciones que, sin tener fuerza decisoria, sólo sirvan de base para que las partes examinen las cuestiones que hayan dado origen a la controversia.

4. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, el tribunal arbitral especial actuará de conformidad con las disposiciones de este Anexo, a menos que las partes acuerden otra cosa.

 

Los Estados Partes en este Acuerdo,

Reconociendo la importante contribución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1.982 (en adelante, "la Convención") al mantenimiento de la paz, la justicia y el progreso de todos los pueblos del mundo,

Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional (en adelante, "la Zona"), así como sus recursos, son patrimonio común de la humanidad,

Conscientes de la importancia que reviste la Convención para la protección y preservación del medio marino y de la creciente preocupación por el medio ambiente mundial,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los resultados de las consultas oficiosas entre Estados celebradas desde 1.990 hasta 1.994 sobre las cuestiones pendientes relativas a la Parte XI y disposiciones conexas de la Convención (en adelante, "la Parte XI"),

Observando los cambios políticos y económicos, entre ellos, los sistemas orientados al mercado, que afectan la aplicación de la Parte XI,

Deseando facilitar la participación universal en la Convención, Considerando que un acuerdo relativo a la aplicación en la Parte XI sería el mejor medio de lograr ese objetivo,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Aplicación de la Parte XI

1. Los Estados Partes en este Acuerdo se comprometen a aplicar la Parte XI de conformidad con este Acuerdo.

2. El anexo forma parte integrante de este Acuerdo.

Artículo 2

Relación entre este Acuerdo y la Parte XI

1. Las disposiciones de este Acuerdo y de la Parte XI deberán ser interpretadas y aplicadas en forma conjunta como un solo instrumento. En caso de haber discrepancia entre este Acuerdo y la Parte XI, prevalecerán las disposiciones de este Acuerdo.

2. Los artículos 309 a 319 de la Convención se aplicarán a este Acuerdo en la misma forma en que se aplican a la Convención.

Artículo 3

Firma

Este Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y las entidades mencionados en los apartados a), c), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención, en la sede de las Naciones Unidas, durante 12 meses contados desde la fecha de su adopción.

Artículo 4

Consentimiento en obligarse

1. Después de la adopción de este Acuerdo, todo instrumento de ratificación o de confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella constituirá también consentimiento en obligarse por el Acuerdo.

2. Ningún Estado o entidad podrá manifestar su consentimiento en obligarse por este Acuerdo a menos que haya manifestado previamente o manifieste al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la Convención.

3. Los Estados o entidades mencionados en el artículo 3 podrán manifestar su consentimiento en obligarse por este Acuerdo mediante:

a) Firma no sujeta a ratificación, confirmación formal o al procedimiento establecido en el artículo 5;

b) Firma sujeta a ratificación o confirmación formal, seguida de ratificación o confirmación formal;

c) Firma sujeta al procedimiento establecido en el artículo 5; o

d) Adhesión.

4. La confirmación formal por las entidades mencionadas en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención se hará de conformidad con el anexo IX de la Convención.

5. Los instrumentos de ratificación, confirmación formal o adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Procedimiento simplificado

1. Se considerará que los Estados o entidades que hayan depositado, antes de la fecha de adopción de este Acuerdo, un instrumento de ratificación o confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella y que hayan firmado este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 4, han manifestado su consentimiento en obligarse por este Acuerdo 12 meses después de la fecha de su adopción, a menos que tales Estados o entidades notifiquen al depositario por escrito antes de esa fecha que no se acogerán al procedimiento simplificado establecido en este artículo.

2. En el caso de tal notificación, se manifestará el consentimiento en obligarse por este Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 4.

Artículo 6

Entrada en vigor

1. Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que 40 Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse de conformidad con los artículos 4 y 5, siempre que entre ellos figuren al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante, la "resolución II"), de los cuales al menos cinco deberán ser Estados desarrollados. Si las condiciones para la entrada en vigor se cumplen antes del 16 de noviembre de 1.994, este Acuerdo entrará en vigor el 16 de noviembre de 1.994.

2. Respecto de cada Estado o entidad que manifieste su consentimiento en obligarse por este Acuerdo después de que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el párrafo 1, este Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día siguiente a la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse.

Artículo 7

Aplicación provisional

1. Si este Acuerdo no ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1.994, será aplicado provisionalmente hasta su entrada en vigor por:

a) Los Estados que hayan consentido en su adopción en la Asamblea General de las Naciones Unidas, salvo aquellos que antes del 16 de noviembre de 1.994 notifiquen al depositario por escrito que no aplicarán en esa forma el Acuerdo o que consentirán en tal aplicación únicamente previa firma o notificación por escrito;

b) Los Estados y entidades que firmen este Acuerdo, salvo aquellos que notifiquen al depositario por escrito en el momento de la firma que no aplicarán en esa forma el Acuerdo;

c) Los Estados y entidades que consientan en su aplicación provisional mediante notificación por escrito de su consentimiento al depositario;

d) Los Estados que se adhieran a este Acuerdo.

2. Todos esos Estados y entidades aplicarán este Acuerdo provisionalmente de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales o internos, con efecto a partir del 16 de noviembre de 1.994 o a partir de la fecha de la firma, la notificación del consentimiento o la adhesión, si ésta fuese posterior.

3. La aplicación provisional terminará en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. En todo caso, la aplicación provisional terminará el 16 de noviembre de 1.998 si en esa fecha no se ha cumplido el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 6 de que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II (de los cuales al menos cinco deberán ser Estados desarrollados).

Artículo 8

Estados Partes

1. Para los efectos de este Acuerdo, por "Estados Partes" se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo y para los cuales el Acuerdo esté en vigor.

2. Este Acuerdo se aplicará mutatis mutandis a las entidades mencionadas en los apartados c), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención que lleguen a ser partes en el Acuerdo de conformidad con los requisitos pertinentes a cada una de ellas, y en esa medida, el término "Estados Partes" se refiere a esas entidades.

Artículo 9

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de este Acuerdo.

Artículo 10

Textos auténticos

El original de este Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado este Acuerdo.

HECHO EN NUEVA YORK, el día 28 de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

ANEXO

SECCION 1. COSTOS PARA LOS ESTADOS PARTES Y ARREGLOS INSTITUCIONALES

1. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante, "la Autoridad ") es la organización por conducto de la cual los Estados Partes en la Convención, de conformidad con el régimen establecido para la Zona en la Parte XI y en este Acuerdo, organizarán y controlarán las actividades en la Zona, particularmente con miras a la administración de los recursos de la Zona. La Autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieren por la Convención. Tendrá también las facultades accesorias, compatibles con la Convención, que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades en la Zona.

2. Con el objeto de reducir al mínimo los costos para los Estados Partes, todos los órganos y órganos subsidiarios que se establezcan en virtud de la Convención y de este Acuerdo realizarán sus actividades en forma eficaz en función de los costos. Este principio se aplicará también a la frecuencia, la duración y la programación de las reuniones.

3. El establecimiento y funcionamiento de los órganos y órganos subsidiarios de la Autoridad se basarán en un criterio evolutivo, teniendo en cuenta las necesidades funcionales de los órganos y órganos subsidiarios en cuestión, con el fin de que puedan cumplir eficazmente sus respectivas responsabilidades en las diversas etapas del desarrollo de las actividades en la Zona.

4. Las funciones iniciales de la Autoridad al entrar en vigor la Convención serán desempeñadas por la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, la Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas. Las funciones de la Comisión de Planificación Económica serán desempeñadas por la C omisión Jurídica y Técnica hasta el momento en que el Consejo decida otra cosa o hasta que se apruebe el primer plan de trabajo para explotación.

5. Entre la entrada en vigor de la Convención y la aprobación del primer plan d e trabajo para explotación, la Autoridad se ocupará principalmente de:

a) La tramitación de solicitudes de aprobación de planes de trabajo para exploración de conformidad con la Parte XI y este Acuerdo;

b) La aplicación de las decisiones de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (en adelante, " la Comisión Preparatoria") relativas a los primeros inversionistas inscritos y sus Estados certificadores, incluidos sus derechos y obligaciones de conformidad con el párrafo 5 del artículo 308 de la Convención y con el párrafo 13 de la resolución II;

c) La vigilancia del cumplimiento de los planes de trabajo para exploración aprobados en forma de contratos;

d) El seguimiento y examen de las tendencias y los acontecimientos relativos a las actividades de explotación minera de los fondos marinos, incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales;

e) El estudio de las posibles consecuencias de la producción minera de la Zona para la economía de los Estados en desarrollo productores terrestres de esos minerales que puedan resultar más gravemente afectados, a fin de minimizar sus dificultades y de prestarles ayuda para su re ajuste económico, teniendo en cuenta la labor realizada a este respecto por la Comisión Preparatoria;

f) La aprobación de las normas, reglamentos y procedimientos necesarios para la realización de las actividades en la Zona a medida que éstas avancen. No obstante lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 17 del anexo III de la Convención, tales normas, reglamentos y procedimientos tendrán en cuenta las disposiciones de este Acuerdo, el retraso prolongado de l a explotación minera comercial de los fondos marinos y el ritmo probable de las actividades que se realicen en la Zona;

g) La aprobación de normas, reglamentos y procedimientos en que se incorporen l os estándares aplicables sobre protección y preservación del medio marino;

h) La promoción y el estímulo de la realización de investigaciones científicas marinas con respecto a las actividades realizadas en la Zona y la compilación y difusión de los resultados de esas investigaciones y análisis, cuando se disponga de ellos, haciendo especial hincapié en las investigaciones relativas a los efectos ambientales de las actividades realizadas en la Zona;

i) La adquisición de conocimientos científicos y el seguimiento del desarrollo de la tecnología marina pertinente a las actividades en la Zona, en particular la tecnología relacionada con la protección y preservación del medio marino;

j) La evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y exploración;

k) La elaboración en el momento oportuno de normas, reglamentos y procedimiento s para la explotación, entre ellos, los relativos a la protección y preservación del medio marino.

6. a) El Consejo considerará una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para exploración después de recibir una recomendación de la Comisión Jurídica y Técnica acerca d e la solicitud. La tramitación de una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para exploración se hará de conformidad con las disposiciones de la Convención, incluidas las de su anexo I II, y de este Acuerdo, y con sujeción a las disposiciones siguientes:

i) Se considerará que un plan de trabajo para exploración presentado en nombre de un Estado o una entidad, o un componente de una entidad, de los mencionados en los incisos ii) o iii) del apartado a) del párrafo 1 de la resolución II, que no sea un primer inversionista inscrito y que ya hubiere realizado actividades sustanciales en la Zona antes de la entrada en vigor de la Convención, o del sucesor en sus intereses, ha cumplido los requisitos financieros y técnicos necesarios para la aprobación del plan de trabajo si el Estado o los Estados patrocinantes certifican que el solicitante ha gastado una suma equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. en actividades de investigación y exploración y ha destinado no menos del 10 % de esa suma a la localización, el estudio y la evaluación del área mencionada en el plan de trabajo. Si por lo demás el plan de trabajo cumple los requisitos de la Convención y de las normas, reglamentos y procedimientos adoptados de conformidad con ella, será aprobado por el Consejo en forma de contrato. Las disposiciones del párrafo 11 de la sección III del presente anexo se interpretarán y aplicarán en consecuencia;

ii) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 de la resolución II, un primer inversionista inscrito podrá solicitar la aprobación de un plan de trabajo para exploración e n un plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención. El plan de trabajo p ara exploración comprenderá los documentos, informes y demás datos que se presenten a la Comisión Preparatoria antes y después de la inscripción, e irá acompañado de un certificado de cumplimiento , consistente en un informe fáctico en que se describa la forma en que se ha dado cumplimiento a la s obligaciones comprendidas en el régimen de los primeros inversionistas, expedido por la Comisión Preparatoria de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 11 de la resolución II. Dicho plan de trabajo se considerará aprobado. El plan de trabajo aprobado tendrá la forma de un contrato concertado entre la Autoridad y el primer inversionista registrado de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo. Se considerará que el canon de 250.000 dólares de los EE.UU., pagado de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 7 de la resolución II, constituye el canon correspondiente a la etapa de exploración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de la sección 8 del presente anexo. El párrafo 11 de la sección 3 del presente anexo se interpretará y aplicará en consecuencia;

iii) De conformidad con el principio de no discriminación, en todo contrato celebrado con un Estado o una entidad o un componente de una entidad de los mencionados en el inciso i) del apartado a), se incluirán condiciones similares y no menos favorables a las convenidas con cualquier primer inversionista inscrito de los mencionados en el inciso ii) del apartado a). Si se estipulan condiciones más favorables para cualquiera de los Estados, las entidades o los componentes de entidades mencionados en el inciso i) del apartado a), el Consejo estipulará condiciones similares y no menos favorables con respecto a los derechos y obligaciones asumidos por los primeros inversionistas inscritos mencionados en el inciso ii) del apartado a), siempre y cuando esas condiciones no afecten ni perjudiquen los intereses de la Autoridad;

iv) El Estado que patrocina una solicitud de aprobación de un plan de trabajo con arreglo a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a), podrá ser un Estado Parte o un Estado que sea miembro de la Autoridad con carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12;

v) El apartado c) del párrafo 8 de la resolución II se interpretará y aplicará de conformidad con lo establecido en el inciso iv) del apartado a);

b) La aprobación de los planes de trabajo para exploración se hará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 de la Convención.

7. Toda solicitud de aprobación de un plan de trabajo irá acompañada de una evaluación de los posibles efectos sobre el medio ambiente de las actividades propuestas y de una descripción de un programa de estudios oceanográficos y estudios de referencia sobre el medio ambiente de conformidad con las normas, reglamentos y procedimientos aprobados por la Autoridad.

8. Toda solicitud de aprobación de planes de trabajo para exploración, con sujeción a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a) del párrafo 6, se tramitará de conformidad con lo procedimientos establecidos en el párrafo 11 de la sección 3 de este anexo.

9. Los planes de trabajo para exploración se aprobarán por un período de 15 años. Al expirar el plan de trabajo para exploración, el contratista solicitará la aprobación de un plan de trabajo para explotación, a menos que ya lo haya hecho o que haya obtenido prórroga del plan de trabajo para exploración. Los contratistas podrán solicitar prórrogas por plazos no superior es a cinco años cada vez. Las prórrogas se aprobarán si el contratista se ha esforzado de buena fe por cumplir los requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas a su voluntad, no ha podido completar el trabajo preparatorio necesario para pasar a la etapa de explotación, o si las circunstancias económicas imperantes no justifican que se pase a la etapa de explotación.

10. La designación de un área reservada para la Autoridad conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del anexo III de la Convención, se efectuará en relación con la aprobación de un plan de trabajo para exploración o con la aprobación de un plan de trabajo para exploración y explotación.

11. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo para exploración aprobado, que esté patrocinado por lo menos por uno de los Estados Partes que estén aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedará sin efecto si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo y no ha llegado a ser miembro provisional conforme a lo dispuesto en el párrafo 12, o no ha llegado a ser Estado Parte.

12. Al entrar en vigor este Acuerdo, los Estados y las entidades mencionados en el artículo 3 del Acuerdo que lo hayan estado aplicando provisionalmente de conformidad con el artículo 7 y para los cuales el Acuerdo no esté en vigor, podrán seguir siendo miembros provisionales de la Autoridad hasta que el Acuerdo entre en vigor con respecto a ellos, de conformidad con las disposiciones siguientes:

a) Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 de noviembre de 1.996, dichos Estados y entidades tendrán derecho a continuar participando como miembros provisionales de la Autoridad una vez que hayan notificado al depositario del Acuerdo su intención de participar como miembros provisionales. La participación como miembro provisional terminará el 16 de noviembre de 1.996 o en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y de la Convención para tales miembros, si ésta fuese anterior a aquélla. El Consejo, a petición del Estado o la entidad interesados, podrá prorrogar dicha participación más allá del 16 de noviembre de 1.996 por uno o más períodos no superiores a dos años en total a condición de que el Consejo se cerciore de que el Estado o la entidad interesados han estado intentando de buena fe llegar a ser partes en el Acuerdo y en la Convención;

b) Si este Acuerdo entrare en vigor después del 15 de noviembre de 1.996, dichos Estados y entidades podrán pedir al Consejo que les permita continuar siendo miembros provisionales de la Autoridad por uno o más períodos que no vayan más allá del 16 de noviembre de 1.998. El Consejo otorgará dicha calidad de miembro provisional con efecto a partir de la fecha de la solicitud, si le consta que el Estado o entidad ha intentado de buena fe llegar a ser parte en el Acuerdo y en la Convención;

c) Los Estados y entidades que sean miembros provisionales de la Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) o b), aplicarán las disposiciones de la Parte XI y este Acuerdo de conformidad con sus leyes, reglamentos y consignaciones presupuestarias anuales nacionales o internas, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, entre otros:

i) La obligación de contribuir al presupuesto administrativo de la Autoridad conforme a la escala de cuotas;

ii) El derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de trabajo para exploración. En el caso de entidades cuyos componentes sean personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de más de un Estado, los planes de trabajo para exploración no se aprobarán a menos que todos los Estados cuyas personas naturales o jurídicas compongan esas entidades sean Estados Partes o miembros provisionales;

d) No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo aprobado en forma de contrato de exploración que haya sido patrocinado conforme a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que era miembro provisional, quedará sin efecto si el Estado o entidad dejare de ser miembro provisional y no hubiere llegado a ser Estado Parte;

e) Si un miembro provisional no ha pagado sus cuotas o ha dejado de cumplir en alguna otra forma sus obligaciones conforme a lo dispuesto en este párrafo, se pondrá término a su calidad de miembro provisional.

13. La referencia al cumplimiento no satisfactorio que figura en el artículo 10 del anexo III de la Convención se interpretará en el sentido de que el contratista no ha cumplido los requisitos de un plan de trabajo aprobado a pesar de que la autoridad le ha dirigido una o más advertencias escritas acerca de su cumplimiento.

14. La Autoridad tendrá su propio presupuesto. Hasta el final del año siguiente al año en que este Acuerdo entre en vigor, los gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas. A partir de entonces, los gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán mediante las cuotas de sus miembros, incluidos los miembros provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 171 y el artículo 173 de la Convención y en este Acuerdo, hasta que la Autoridad tenga fondos suficientes procedentes de otras fuentes para sufragar esos gastos. La Autoridad no ejercerá la facultad mencionada en el párrafo 1 del artículo 174 de la Convención con el fin de contratar préstamos para financiar su presupuesto administrativo.

15. La Autoridad elaborará y aprobará, con arreglo a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención, normas, reglamentos y procedimientos basados en los principios contenidos en las secciones 2, 5, 6, 7 y 8 de este anexo, así como las demás normas, reglamentos y procedimientos que sean necesarios para facilitar la aprobación d e los planes de trabajo para exploración o explotación, de conformidad con las disposiciones siguientes :

a) El Consejo podrá emprender la elaboración de tales normas, reglamentos o procedimientos en el momento en que estime que son necesarios para la realización de actividades en la Zona o cuando determine que la explotación comercial es inminente, o a petición de un Estado uno de cuyos nacionales se proponga solicitar la aprobación de un plan de trabajo para explotación;

b) Si un Estado de los mencionados en el apartado a) pide que se adopten esas normas, reglamentos y procedimientos, el Consejo lo hará dentro de los dos años siguientes a la petición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención;

c) Si el Consejo no ha finalizado la elaboración de las normas, reglamentos y procedimientos relacionados con la explotación en el plazo prescrito, y está pendiente la aprobación de una solicitud de plan de trabajo para explotación, procederá de todos modos a considerar y aprobar provisionalmente ese plan de trabajo sobre la base de las disposiciones de la Convención y de todas las normas, reglamentos y procedimientos que el Consejo haya aprobado provisionalmente, o sobre la base de las normas contenidas en la Convención y de los términos y principios contenidos en el presente anexo, así como del principio de no discriminación entre contratistas.

16. Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos y todas las recomendaciones relativas a las disposiciones de la Parte XI que figuren en los informes y recomendaciones de la Comisión Preparatoria, serán tomados en cuenta por la Autoridad al adoptar normas, reglamentos y procedimientos de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo .

17. Las disposiciones pertinentes de la sección 4 de la Parte XI de la Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con este Acuerdo.

SECCION 2. LA EMPRESA

1. La Secretaría de la Autoridad desempeñará las funciones de la Empresa hasta que ésta comience a operar independientemente de la Secretaría. El Secretario General de la Autoridad nombrará de entre el personal de la Autoridad un Director General interino que supervisará la realización de esas funciones por la Secretaría.

Esas funciones serán las siguientes:

a) Seguimiento y análisis de las tendencias y acontecimientos relacionados con las actividades de explotación minera de los fondos marinos, incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales;

b) Evaluación de los resultados de las investigaciones científicas marinas llevadas a cabo con respecto a las actividades realizadas en la Zona, y especialmente los de las investigaciones relacionadas con el impacto ambiental de las actividades realizadas en la Zona;

c) Evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y la exploración, incluidos los principios aplicables a esas actividades;

d) Evaluación de los adelantos tecnológicos de importancia para las actividades realizadas en la Zona, en particular la tecnología relativa a la protección y preservación del medio marino;

e) Evaluación de la información y los datos relativos a las áreas reservadas para la Autoridad;

f) Evaluación de las pautas que deben seguirse en las operaciones de empresa conjunta;

g) Reunión de información acerca de la disponibilidad de mano de obra calificada;

h) Estudio de las distintas políticas de gestión aplicables a la administración de la Empresa en diferentes etapas de sus operaciones.

2. La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales de explotación minera de los fondos marinos por medio de empresas conjuntas. Al aprobarse un plan de trabajo para explotación para una entidad distintas de la Empresa, o al recibir el Consejo una solicitud de constitución de empresa conjunta con la Empresa, el Consejo se ocupará de la cuestión del funcionamiento de la Empresa independientemente de la Secretaría de la Autoridad. Si las operaciones realizadas en régimen de empresa conjunta con la Empresa se basan en principios comerciales y sólidos, el Consejo emitirá una directriz de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 170 de la Convención, por la que establecerá dicho funcionamiento independiente.

3.La obligación de los Estados Partes de financiar las actividades de la Empresa en un sitio minero prevista en el párrafo 3 del artículo 11 del anexo IV de la Convención no será aplicable, y los Estados partes no estarán obligados a financiar ninguna de las operaciones que se lleven a cabo en los sitios mineros de la Empresa ni las que se lleven a cabo conforme a sus arreglos de empresa conjunta.

4.Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán a la Empresa. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 y en el párrafo 5 del artículo 3 del anexo III de la Convención, un plan de trabajo para la Empresa tendrá, una vez aprobado, la forma de un contrato concertado entre la Autoridad y la Empresa.

5. Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad como área reservada tiene derecho de opción preferente a concertar un arreglo de empresa conjunta con la Empresa para la exploración y explotación de esa área. Si la Empresa no presenta una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para la realización de actividades respecto de esa área reservada dentro de los 15 años siguientes a la iniciación de sus funciones independientemente de la Secretaría de la Autoridad, o dentro de los 15 años siguientes a la fecha en que se haya reservado esa área para la Autoridad, si esa fecha es posterior el contratista que haya aportado el área tendrá derecho a solicitar la aprobación de un plan de trabajo respecto de ésta a condición de que ofrezca de buena fe incluir a la Empresa como socio en una empresa conjunta.

6. El párrafo 4 del artículo 170, el anexo IV y las demás disposiciones de la Convención relativas a la Empresa se interpretarán y aplicarán con arreglo a lo estipulado en esta sección.

SECCION 3. ADOPCION DE DECISIONES

1. La Asamblea, en colaboración con el Consejo, determinará la política general de la Autoridad.

2. Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se deberán adoptar por consenso.

3. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren agota do, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación en la Asamblea lo serán por mayoría de los Estados presentes y votantes, y las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 159 de la Convención.

4. Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier asunto respecto del cual también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto administrativo, presupuestario o financiero, se basarán en las recomendaciones del Consejo. Si la Asamblea no aceptare la recomendación del Consejo sobre algún asunto, devolverá éste al Consejo para que lo examine nuevamente. El Consejo re examinará el asunto teniendo presentes las opiniones expresadas por la Asamblea.

5. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación en el Consejo lo serán por mayoría de los miembros presentes y votantes, y las decisiones sobre cuestiones de fondo, salvo en los casos en que la Convención disponga que se adopten por consenso en el Consejo, lo serán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, a menos que se oponga a tales decisiones la mayoría en cualquiera de las cámaras mencionadas en el párrafo 9. Al adoptar decisiones, el Consejo procurará promover los intereses de todos los miembros de la Autoridad.

6. El Consejo podrá aplazar la adopción de una decisión a fin de facilitar la celebración de nuevas negociaciones cada vez que parezca que no se han agotado todos los intentos por llegar a un consenso respecto de algún asunto.

7. Las decisiones adoptadas por la Asamblea o el Consejo que tengan consecuencias financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones del Comité de Finanzas.

8. Las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 161 de la Convención no serán aplicables.

9. a) Cada grupo de Estados elegido conforme a lo dispuesto en los incisos a) a c) del párrafo 15 será tratado como una cámara para los efectos de la votación en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos conforme a lo dispuesto en los incisos d) y e) del párrafo 15 serán tratados como una cámara única para los efectos de la votación en el Consejo.

b) Antes de elegir a los miembros del Consejo, la Asamblea confeccionará listas de países que reúnen las condiciones necesarias para formar parte de los grupos de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del párrafo 15. Si un Estado reúne las condiciones necesarias para formar parte de más de un grupo, sólo podrá ser propuesto por uno de ellos como candidato a miembro del Consejo y representará únicamente a ese grupo en la votación en el Consejo.

10. Cada grupo de Estados señalado en los apartados a) a d) del párrafo 15 estará representado en el Consejo por los miembros designados por ese grupo. Cada grupo designará sólo tantos candidatos como número de puestos deba ocupar ese grupo. Cuando el número de posibles candidato s de cada uno de los grupos mencionados en los apartados a) a e) del párrafo 15 sea superior al número de puestos disponibles en cada uno de los grupos respectivos, por regla general se aplicará el principio de rotación. Los Estados miembros de cada uno de los grupos determinarán la forma en que se aplicará este principio a esos grupos.

11. a) El Consejo aprobará la recomendación de aprobación de un plan de trabajo formulada por la Comisión Jurídica y Técnica, a menos que el Consejo, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, que comprenderá la mayoría de los miembros presentes y votantes en cada una de las cámaras del Consejo, decida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo no adoptare una decisión acerca de una recomendación de aprobación de un plan de trabajo dentro del plazo prescrito, se considerará que la recomendación ha sido aprobada por el Consejo al cumplirse ese plazo. El plazo prescrito normalmente será de 60 días, a menos que el Consejo decida fijar un plazo mayor . Si la Comisión recomienda que se rechace un plan de trabajo o no hace una recomendación, el Consejo podrá aprobar de todos modos el plan de trabajo de conformidad con su reglamento relativo a la adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo.

b) Las disposiciones del apartado j) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención no serán aplicables.

12. Toda controversia que pudiera producirse con respecto al rechazo de un plan de trabajo, será sometida al procedimiento de solución o controversias establecido en la Convención.

13. La adopción de decisiones mediante votación en la Comisión Jurídica y Técnica se hará por mayoría de los miembros presentes y votantes.

14. Las subsecciones B y C de la sección 4 de la Parte XI de la Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con la presente sección.

15. El Consejo estará integrado por 36 miembros de la Autoridad elegidos por la Asamblea en el orden siguiente:

a) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que durante los últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, hayan absorbido más del 2 % en términos de valor del consumo mundial total o hayan efectuado importaciones netas de más del 2 % en términos de valor de las importaciones mundiales totales de los productos básicos obtenidos a partir de las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, a condición de que entre esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la región de Europa oriental que tenga la economía más importante de esa región en términos de producto interno bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada e n vigor de la Convención, tenga la economía más importante en términos de producto interno bruto, si esos Estados desean estar representados en este grupo;

b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Partes que, directamente o por medio de sus nacionales, hayan hecho las mayores inversiones en la preparación y realización de actividades en la Zona;

c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, sobre la base de la producción de las áreas que se encuentran bajo su jurisdicción, sean grandes exportadores netos de las categorías de minerales que han de extraerse de la Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones de esos minerales tenga importancia considerable para su economía;

d) Seis miembros escogidos entre los Estados Partes en desarrollo, que representen intereses especiales. Los intereses especiales que han de estar representados incluirán los de los Estados con gran población, los Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados insulares, los Estados que sean grandes importadores de las categorías de minerales que han de extraerse de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales minerales y los Estados en desarrollo menos adelantados;

e) Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de asegurar una distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo en su totalidad, a condición de que cada región geográfica cuente por lo menos con un miembro elegido en virtud de este apartado. A tal efecto se considerarán regiones geográficas Africa, América Latina y el Caribe, Asia, Europa occidental y otros Estados, y Europa oriental.

16. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 161 de la Convención no serán aplicables.

SECCION 4. CONFERENCIA DE REVISION

Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión de los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 155 de la Convención no serán aplicables. No obstante las disposiciones del párrafo 2 del artículo 314 de la Convención, la Asamblea, por recomendación del Consejo, podrá efectuar en cualquier momento una revisión de los asuntos indicados en el párrafo 1 del artículo 155 de la Convención. Las enmiendas relativas a este Acuerdo y a la Parte XI estarán sujetas a los procedimientos p revistos en los artículos 314, 315 y 316 de la Convención, a condición de que se mantengan los principios, el régimen y las demás disposiciones mencionadas en el párrafo 2 del artículo 155 de la Convención y de que los derechos mencionados en el párrafo 5 de ese artículo no resulten afectados.

SECCION 5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

1. Además de regirse por las disposiciones del artículo 144 de la Convención, la transferencia de tecnología se regirá, para los efectos de la Parte XI, por los principios siguientes:

a) La Empresa y los Estados en desarrollo que deseen obtener tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, procurarán obtener esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables en el mercado abierto, o bien mediante arreglos de empresa conjunta;

b) Si la empresa o los Estados en desarrollo no pudieran obtener tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, la Autoridad podrá pedir a todos o a cualquiera de los contratistas y al Estado o los Estados patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para facilitar la adquisición de tecnología para la explotación minera de los fondos marinos por la Empresa o por su empresa conjunta, o por uno o varios Estados en desarrollo que deseen adquirir esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables, compatibles con la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Partes se comprometen a cooperar plena y efectivamente con la Autoridad en ese sentido y a velar porque los contratistas por ellos patrocinados también cooperen plenamente con la Autoridad;

c) Por regla general, los Estados Partes promoverán la cooperación internacional científica y técnica respecto de las actividades en la Zona, ya sea entre las Partes interesadas o mediante la creación de programas de capacitación, asistencia técnica y cooperación científica en materia de ciencia y tecnología marina, y de protección y preservación del medio marino.

2. Las disposiciones del artículo 5 del anexo III de la Convención no serán aplicables.

SECCION 6. POLITICA DE PRODUCCION

1. La política de producción de la Autoridad se basará en los principios siguientes:

a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a principios comerciales sólidos;

b) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona;

c) En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en el apartado b). El otorgamiento de subsidios para los efectos de estos principios se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b);

d) No se discriminará entre los minerales extraídos de la Zona y de otras fuentes. No habrá acceso preferente a los mercados para esos minerales, ni para las importaciones de productos básicos elaborados a partir de ellos, en particular:

i) Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias;

ii) El que den los Estados Partes a dichos minerales o a los productos básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas estatales, o por personas naturales o jurídicas que tengan su nacionalidad o estén controladas por ellos o por sus nacionales;

e) El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad respecto de cada área de explotación minera indicará el calendario de producción previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de minerales que se producirían por año de conformidad con el plan de trabajo;

f) Las reglas que siguen se aplicarán a la solución de las controversias relativas a las disposiciones de los acuerdos mencionados en el apartado b):

i) Si los Estados Partes afectados son partes en dichos acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias previstos en esos acuerdos;

ii) Si uno o más de los Estados Partes afectados no son partes en dichos acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de controversias establecidos en la Convención;

g) En los casos en que se determine, a tenor de los acuerdos mencionados en el apartado b), que un Estado Parte ha otorgado subsidios que están prohibidos o que han redundado en perjuicio de los intereses de otro Estado Parte, y que el Estado Parte o los Estados Partes en cuestión no han adoptado las medidas adecuadas, un Estado Parte podrá pedir al Consejo que adopte tales medidas.

2. Los principios contenidos en el párrafo 1 no afectarán a los derechos y obligaciones previstos en las disposiciones de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio y de unión aduanera correspondientes, en las relaciones entre Estados Partes que sean partes en esos acuerdos.

3. La aceptación por un contratista de subsidios distintos de los permitidos en virtud de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1 constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato por el que se establezca un plan de trabajo para la realización de actividades en la Zona.

4. Todo Estado Parte que tenga razones para creer que ha habido una infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del párrafo 3, podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de conformidad con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1.

5. Un Estado Parte podrá en cualquier momento señalar a la atención del Consejo aquellas actividades que en su opinión sean incompatibles con los requisitos establecidos en los incisos b) a d) del párrafo 1.

6. La Autoridad elaborará normas, reglamentos y procedimientos que garanticen e l cumplimiento de las disposiciones de esta sección, entre ellos, normas, reglamentos y procedimientos pertinentes que gobiernen la aprobación de los planes de trabajo.

7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del artículo 151, del apartado q ) del párrafo 2 del artículo 162, del apartado n) del párrafo 2 del artículo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del artículo 7 del anexo III de la Convención, no serán aplicables.

SECCION 7. ASISTENCIA ECONOMICA

1. La política de la Autoridad de prestar asistencia a los países en desarrollo cuyos ingresos de exportación o cuya economía sufran serios perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen exportado de un mineral, en la medida en que tal disminución se deba a actividades en la Zona, se basará en los principios siguientes:

a) La Autoridad establecerá un fondo de asistencia económica con cargo a aquella parte de los fondos de la Autoridad que exceda los necesarios para cubrir los gastos administrativo s de ésta. La cantidad que se destine a este objeto será determinada periódicamente por el Consejo, por recomendación del Comité de Finanzas. Sólo se destinarán al establecimiento del fondo de asistencia económica fondos procedentes de pagos recibidos de los contratistas, incluida la Empresa, y contribuciones voluntarias;

b) Los Estados en desarrollo productores terrestres cuya economía se haya determinado que ha resultado gravemente afectada por la producción de minerales de los fondos marinos recibirán asistencia con cargo al fondo de asistencia económica de la Autoridad;

c) La Autoridad prestará asistencia con cargo al fondo a los Estados en desarrollo productores terrestres afectados, cuando corresponda, en cooperación con las instituciones mundiales o regionales de desarrollo existente que tengan la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar esos programas de asistencia;

d) El alcance y la duración de esa asistencia se determinarán en cada caso en particular. Al hacerlo, se tomarán debidamente en consideración el carácter y la magnitud de los problemas con que se han encontrado los Estado en desarrollo productores terrestres que hayan resultado afectados.

2. Lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 151 de la Convención se cumplirá por medio de las medidas de asistencia económica indicadas en el párrafo 1. El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 160, el apartado n) del párrafo 2 del artículo 162, el apartado d) del párrafo 2 del artículo 164, el apartado f) del artículo 171 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 173 de la Convención serán interpretados en consecuencia.

SECCION 8. DISPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS

1. Los principios que a continuación se enuncian servirán de base para establecer las normas, los reglamentos y los procedimientos relativos a las disposiciones financieras de los contratos:

a) El sistema de pagos a la Autoridad será equitativo tanto para el contratista como para la Autoridad y proporcionará los medios adecuados para determinar si el contratista se ha atenido al sistema;

b) Las cuantías de los pagos hechos conforme al sistema serán semejantes a las usuales respecto de la producción terrestre del mismo mineral o de minerales semejantes a fin de evitar que se otorgue a los productores de minerales de los fondos marinos una ventaja competitiva artificial o que se les imponga una desventaja competitiva;

c) El sistema no deberá ser complicado y no deberá imponer gastos administrativos importantes a la Autoridad ni al contratista. Deberá considerarse la posibilidad de adoptar un sistema de regalías o un sistema combinado de regalías y participación en los beneficios. Si se decide establecer distintos sistemas, el contratista tendrá el derecho de elegir el sistema aplicable a su contrato. No obstante, todo cambio posterior en cuanto al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;

d) Se pagará un canon fijo anual desde la fecha de iniciación de la producción comercial. Ese canon se podrá deducir de los demás pagos que se deban conforme al sistema que se adopte en virtud del apartado c). El Consejo fijará el monto de ese canon;

e) El sistema de pagos podrá revisarse periódicamente atendiendo a los cambios de las circunstancias. Toda modificación se aplicará de manera no discriminatoria. Tales modificaciones podrán aplicarse a los contratos existentes sólo a elección del contratista. Todo cambio posterior en cuanto al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;

f) Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de las normas y los reglamentos basados en estos principios se someterán a los procedimientos de solución de controversias previstos en la Convención.

2. Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del anexo III de la Convención no serán aplicables.

3. Por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del anexo III de la Convención, el canon correspondiente a la tramitación de solicitudes de aprobación de un plan de trabajo limitado a una sola etapa, sea ésta la etapa de exploración o la etapa de explotación, será de 250.000 dólares de los EE.UU.

SECCION 9. EL COMITE DE FINANZAS

1. Se establece un Comité de Finanzas. El Comité estará integrado por 15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos financieros. Los Estados Partes propondrán como candidatos a personas de competencia e integridad máximas.

2. No podrán ser miembros del Comité de Finanzas dos personas que sean nacionales del mismo Estado Parte.

3. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea y se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución geográfica equitativa y la representación de intereses especiales. Cada grupo de Estado a que se refieren los apartados a), b), c), y d) del párrafo 15 de la sección 3 de este anexo estará representado en el Comité por un miembro por lo menos. Hasta que la Autoridad tenga fondos suficientes, al margen de las cuotas, para sufragar sus gastos administrativos, se incluirá entre los miembros del Comité a los cinco mayores contribuyentes financieros al presupuesto administrativo de la Autoridad. De allí en adelante, la elección de un miembro de cada grupo se hará sobre la base de los candidatos propuestos por los miembros del grupo respectivo, sin perjuicio de la posibilidad de que se elija a otros miembros de cada grupo.

4. Los miembros del Comité de Finanzas desempeñarán su cargo durante cinco años y podrán ser reelegidos por un nuevo período.

5. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea elegirá a una persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para que ejerza el cargo durante el resto del mandato.

6. Los miembros del Comité de Finanzas no tendrán interés financiero en ninguna actividad relacionada con los asuntos respecto de los cuales corresponda al Comité formular recomendaciones. No revelarán, ni siquiera después de la expiración de su mandato, ninguna información confidencial que obre en su conocimiento en razón de sus funciones respecto de la Autoridad.

7. Las decisiones de la Asamblea y el Consejo respecto de las cuestiones siguientes se adoptarán tomando en cuenta las recomendaciones del Comité de Finanzas:

a) Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos financieros de los órganos de la Autoridad y la gestión financieras y administración financiera interna de la Autoridad;

b) La determinación de las cuotas de los miembros para el presupuesto administrativo de la Autoridad conforme a lo previsto en el apartado e) del párrafo 2 del artículo 160 de la Convención;

c) Todos los asuntos financieros pertinentes, incluidos el proyecto de presupuesto anual preparado por el Secretario General de conformidad con el artículo 172 de la Convención y los aspectos financieros de la ejecución de los programas de trabajo de la Secretaría;

d) El presupuesto administrativo;

e) Las obligaciones financieras de los Estados Partes derivadas de la aplicación de este Acuerdo y de la Parte XI así como las consecuencias administrativas y presupuestarias de las propuestas y recomendaciones que impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad;

f) Las normas, reglamentos y procedimientos relativos a la distribución equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos derivados de las actividades en la Zona y las decisiones que hayan de adoptarse al respecto.

8. El Comité de Finanzas adoptará las decisiones relativas a cuestiones de procedimiento por mayoría de los miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso.

9. Se considerará que el requisito del apartado y) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención de que se establezca un órgano subsidiario encargado de los asuntos financieros quedará cumplido mediante el establecimiento del Comité de Finanzas conforme a la presente sección.