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Resolución General AFIP N° 4056/2017

19 de Mayo de 2017

Estado de la Norma: Vigente


DATOS DE PUBLICACIÓN

Boletín Oficial: 22 de Mayo de 2017

Fe de Erratas: 13 de Junio de 2017

ASUNTO

Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras.

Expandir GENERALIDADES


Contraer TEMA

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal-Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras.

Contraer VISTO

VISTO la Resolución General N° 3.826, y

Contraer CONSIDERANDO

Que la norma del VISTO previó un régimen de información y de debida diligencia a cargo de determinadas instituciones financieras, de acuerdo con los términos establecidos por las “Normas Comunes en Materia de Presentación de Información (CRS)” -por sus siglas en inglés- elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Que el citado régimen se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 6° de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal suscripto el 3 de noviembre de 2011 -con las modificaciones introducidas por el protocolo que enmienda la citada convención, la que fue ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 31 de agosto de 2012, efectuándose el depósito del instrumento de ratificación correspondiente en la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 13 de septiembre de 2012- en virtud del cual el 29 de octubre de 2014 se suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes por el que el país se obliga al intercambio automático de información relativa a cuentas financieras conforme las reglas previstas en el mencionado “CRS”.

Que dicho compromiso fue asumido por la República Argentina como adoptante temprano (“Early Adopter”) junto a otros países, mediante la firma de una Declaración Conjunta donde se estableció, entre otros aspectos, que el primer intercambio de información se realizará en el mes de septiembre de 2017.

Que para hacer efectivos los compromisos asumidos mediante la adhesión a la Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal adoptada el 6 de mayo de 2014 en París, en el marco de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta Administración Federal coordinó su actuación con la de otros organismos públicos nacionales.

Que en ese contexto, el Banco Central de la República Argentina dictó las Comunicaciones “A” 5581 del 12 de mayo de 2014 y “A” 5588 del 5 de junio de 2014, disponiendo que las entidades financieras cuya superintendencia ejerce, deben arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por el estándar en materia de intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Que por su parte, la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución General N° 631 del 18 de septiembre de 2014, estableciendo que los agentes registrados deben identificar a los titulares de cuenta alcanzados por dicho estándar.

Que finalmente, la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la Resolución N° 38.632 el 8 de octubre de 2014, instituyendo la misma obligación para las entidades indicadas en el Artículo 4° de la citada resolución.

Que los aludidos organismos dispusieron -en las referidas normas- que los sujetos comprendidos en sus previsiones deberán presentar ante esta Administración Federal la información señalada, de acuerdo con el régimen que a tal efecto se establezca.

Que el cumplimiento de dichas obligaciones debe efectuarse de en los términos del mencionado “CRS”.

Que los procedimientos de debida diligencia establecidos por el Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras en asuntos fiscales -en particular, los concernientes a la búsqueda de indicios- se han concebido originalmente para identificar las cuentas que pudieran ser consideradas declarables sólo al momento de aplicación de los citados procedimientos.

Que no obstante, la experiencia adquirida en la utilización del aludido enfoque aconseja sustituirlo por aquél denominado “Enfoque Amplio”, el cual contempla -entre otras cuestiones- ampliar el alcance de los procedimientos de debida diligencia a fin de hacerlos extensivos a todos los sujetos no residentes, independientemente que se haya suscripto un instrumento relativo al intercambio de información con la jurisdicción en la que dichos sujetos posean las cuentas.

Que con ello se reducen considerablemente los costos en los que han de incurrir las instituciones financieras obligadas al régimen, al evitar la repetición de los procedimientos de debida diligencia cada vez que se incorpore una nueva jurisdicción, atento que la búsqueda de indicios deberá demostrar que el titular de la cuenta reside en una jurisdicción extranjera.

Que la adopción del referido enfoque requiere adecuar la terminología empleada en la aludida resolución general y los procedimientos de debida diligencia allí previstos.

Que para la correcta interpretación y aplicación de dichos procedimientos por parte de las instituciones financieras obligadas, resulta necesario incorporar en un anexo, los aspectos fundamentales de los comentarios que forman parte del mencionado “CRS”.

Que atendiendo a los motivos expuestos en los considerandos precedentes resulta aconsejable la sustitución de la Resolución General N° 3.826.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización y de Sistemas y Telecomunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:


TÍTULO I - RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL

A - ALCANCE

Contraer Artículo 1:

ARTÍCULO 1°.- Las instituciones financieras definidas en el Apartado A del Artículo VIII del Anexo I -incluyendo los contratos o esquemas que califiquen como tales- deberán cumplir con un régimen de información respecto de las cuentas consideradas declarables en los términos del Artículo 3° de la presente, a cuyos fines observarán los requisitos, formas, plazos y demás condiciones previstos en el Título I de esta resolución general.

Asimismo, las instituciones financieras obligadas deberán aplicar las normas de debida diligencia establecidas por las “Normas Comunes en Materia de Presentación de Información (CRS)” -elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- que se transcriben en el Anexo I, de acuerdo con lo previsto en el Título II de la presente.

B - SUJETOS EXCLUIDOS

Contraer Artículo 2:

ARTÍCULO 2º.- Se encuentran excluidas del presente régimen las instituciones descriptas en el Apartado B del Artículo VIII del Anexo I y señaladas en el Anexo II, quienes deberán conservar a disposición de este Organismo la documentación que acredite su condición de sujetos no obligados.

C - CUENTAS

Contraer Artículo 3:

ARTÍCULO 3°.- Se consideran “cuentas declarables” a las cuentas indicadas en el Apartado D del Artículo VIII del Anexo I existentes en cualquier momento del respectivo año a reportar.

Por su parte, las “Cuentas Excluidas” son las descriptas en el punto 17 del Apartado C de dicho artículo, que se mencionan en el Anexo III.

A los fines de la identificación de las cuentas, y con relación al término definido en el punto 3 del citado Apartado D, se considerará que es “persona de una jurisdicción declarable” toda aquella “persona declarable” que resulte no residente conforme a las tareas de debida diligencia que apliquen las respectivas instituciones financieras obligadas.

De acuerdo con lo indicado en los puntos 9 y 10 del aludido Apartado C, respectivamente, se considerará “cuenta preexistente” a la existente al 31 de diciembre de 2015, en tanto que se entenderá por “cuenta nueva” a aquélla abierta a partir del 1° de enero de 2016.

D - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

Contraer Artículo 4:

ARTÍCULO 4º.- Las instituciones financieras obligadas deberán suministrar anualmente a este Organismo respecto de las cuentas aludidas en el Artículo 3°, la información establecida en el Artículo I del Anexo I, aplicando las reglas sobre consolidación de saldos de cuentas y conversión de moneda previstos en el Apartado C del Artículo VII del mencionado anexo para informar los saldos de las cuentas declarables.

Asimismo, respecto de cada una de las cuentas declarables se informarán los siguientes datos:

a) El apellido y nombres o razón social o denominación, el domicilio, el o los países o jurisdicciones de residencia fiscal y el Número de Identificación Fiscal (NIF) de toda persona declarable que sea titular de la cuenta o persona controlante de la entidad titular de la cuenta. En el caso de cuentas cuya titularidad o control corresponda a personas humanas, adicionalmente deberá comunicarse el lugar y la fecha de nacimiento.

Tratándose de cuentas cuya titularidad corresponda a una entidad, y que por aplicación de los procedimientos de debida diligencia sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control y que son personas declarables, deberá comunicarse la información referida en el párrafo anterior respecto de la entidad y de cada persona declarable.

b) El número de cuenta, o el elemento funcional equivalente en ausencia de número de cuenta.

c) Saldo o valor de la cuenta al final del año calendario.

Tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades o renta vitalicia, se tomará el valor en efectivo o el valor de rescate.

En el caso de cancelación de la cuenta en dicho año, se comunicará la cancelación de la misma y el valor a reportar será CERO (0). Asimismo cuando la cuenta tenga saldo o valor negativo deberá informarse con un saldo o valor igual a CERO (0).

d) Respecto de las cuentas de custodia:

1. El importe bruto total en concepto de intereses, de dividendos y de otras rentas, generados en relación con los activos depositados en la cuenta, pagados o acreditados - en cada caso- en la cuenta o en relación con la misma, durante el año calendario.

2. Los ingresos brutos totales derivados de la venta o rescate de activos financieros pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario en el que la institución financiera obligada a informar actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad para el titular de la cuenta.

e) En el caso de cuentas de depósito: El importe bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario.

f) Tratándose de una cuenta no descripta en los puntos d) y e) anteriores, el importe bruto total pagado o acreditado al titular de la cuenta en relación con la misma durante el año calendario, por la institución financiera cuando resulte obligada o deudora, incluido el importe total correspondiente a pagos de rescate realizados al titular de la cuenta durante el año calendario.

La información comunicada debe especificar la moneda en la que se denomina cada importe e identificar la moneda en la cual la cuenta está denominada. Asimismo, si una cuenta está denominada en más de una moneda, la institución financiera obligada podrá optar por una de las monedas en la que esté denominada la cuenta e identificará la moneda en la que se reporta.

No obstante lo dispuesto en el inciso a) del segundo párrafo de este artículo:

a) No será obligatorio comunicar el Número de Identificación Fiscal (NIF) ni la fecha de nacimiento en el caso de cuentas preexistentes, o en el caso de cuentas financieras que sean abiertas antes de ser consideradas cuentas declarables, si el Número de Identificación Fiscal (NIF) o la fecha de nacimiento no se encuentran en los registros de la institución financiera, y si esta última no se encuentra obligada a recopilar estos datos.

Sin embargo, la institución financiera obligada tratará de obtener el Número de Identificación Fiscal (NIF) y la fecha de nacimiento antes de finalizado el segundo año siguiente al año en el que se hayan identificado cuentas preexistentes como cuentas declarables.

b) No será obligatorio comunicar el Número de Identificación Fiscal (NIF) si el país o jurisdicción de residencia fiscal no lo ha expedido, o bien, cuando la legislación interna de la jurisdicción en cuestión no contemple la obligación de recabar el Número de Identificación Fiscal (NIF) expedido por dicha jurisdicción declarable.

c) No será obligatorio comunicar el lugar de nacimiento salvo que la institución financiera esté obligada a recabar e informar este dato en virtud de alguna otra obligación y que esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene dicha institución.

 

E – FORMA DE PRESENTACIÓN

Contraer Artículo 5:

ARTÍCULO 5º.- La información detallada en el artículo anterior, se presentará de acuerdo con las especificaciones detalladas en el manual “Régimen de información financiera de sujetos no residentes” disponible en el sitio “Web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar), en el micrositio “Información financiera de sujetos no residentes”, y se enviará mediante alguna de las siguientes opciones:

a) Transferencia electrónica de datos del formulario de declaración jurada F. 8301, mediante el servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos” a través del referido sitio “Web”, conforme al procedimiento establecido por la Resolución General N° 1.345, sus modificatorias y complementarias. A tal fin deberán contar con “Clave Fiscal”, con nivel de seguridad 2 como mínimo, obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y su modificatoria.

b) Intercambio de información mediante “Web Services” “Presentación de DDJJ – perfil contribuyente”, cuyas especificaciones técnicas se encuentran disponibles en el mencionado micrositio.

Una vez remitida la información, esta Administración Federal realizará los controles sistémicos correspondientes a efectos de emitir la constancia definitiva de aceptación de los datos remitidos.

El resultado del proceso de validación se pondrá a disposición de la institución financiera obligada a través del servicio denominado “Ventanilla Electrónica” con Clave Fiscal o del “Web Services” denominado “Web Services Consumir/Comunicaciones de Ventanilla Electrónica”, cuya documentación se encuentra disponible en http://www.afip.gob.ar/ws/#WSCONCOMU.

En el supuesto de que la presentación resulte rechazada, el sistema reflejará las inconsistencias detectadas, las cuales deberán ser subsanadas y efectuar una nueva presentación.

De no haberse identificado conforme a las reglas del Anexo I, cuentas declarables en el año a informar, la obligación se cumplirá presentando la novedad “SIN CUENTAS PARA INFORMAR”.

F - PLAZO

Contraer Artículo 6:

ARTÍCULO 6º.- La información aludida en el Artículo 4° deberá suministrarse hasta el día 30 de junio, inclusive, del año siguiente al que se informa.

Cuando la fecha de vencimiento indicada coincida con un día inhábil, ésta se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

En caso de presentarse declaraciones juradas rectificativas, éstas serán consideradas para el intercambio de información pertinente si son ingresadas hasta el 31 de agosto del año siguiente al que se informa. En su defecto, y según corresponda, serán tenidas en cuenta en los subsiguientes intercambios de información.

TÍTULO II - DEBIDA DILIGENCIA

A - REQUISITOS A CUMPLIR

Contraer Artículo 7:

ARTÍCULO 7º.- Las instituciones financieras obligadas deberán aplicar las reglas de debida diligencia conforme a lo establecido en los Artículos II a VII del Anexo I, considerando los comentarios descriptos en el Anexo IV.

B - ORGANISMOS DE CONTRALOR DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGADAS

Contraer Artículo 8:

ARTÍCULO 8°.- El Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y las demás autoridades administrativas competentes, establecerán -en sus respectivos ámbitos de actuación- las medidas necesarias para la implementación, el cumplimiento y el control de las reglas de debida diligencia contempladas por el Anexo I, así como en las partes pertinentes de los comentarios incorporados en el Anexo IV, con especial consideración respecto de las cuentas indocumentadas, el seguimiento de entidades y cuentas excluidas, y la obtención sistemática de autocertificaciones válidas referentes a las cuentas nuevas. Asimismo, las autoridades mencionadas contemplarán disposiciones específicas en sus respectivas normativas que impongan sanciones por firmar (o autenticar por otros medios) una autocertificación falsa.

C - ESPECIFICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Contraer Artículo 9:

ARTÍCULO 9°.- Para la implementación de los procedimientos descriptos en el Anexo I se deberá considerar lo siguiente:

a) En el caso de fideicomisos, trusts u otros acuerdos o instrumentos contractuales o asociativos constituidos en el exterior, que resulten obligados por calificar como instituciones financieras obligadas, los sujetos que actúen en el país en carácter de fiduciarios (trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes (trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios (beneficiaries), agentes o representantes serán los responsables de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la presente.

b) Se permitirá la aplicación de los procesos de debida diligencia establecidos para las cuentas nuevas a las cuentas preexistentes, y para las cuentas de mayor valor a las de menor valor, de acuerdo con el Apartado F del Artículo II del Anexo I. Aun cuando una institución financiera obligada aplique a las cuentas preexistentes los procedimientos de debida diligencia previstos para las cuentas nuevas, seguirán utilizándose las restantes normas aplicables a las cuentas preexistentes.

c) Se permitirá el uso de prueba documental de la residencia en oportunidad de llevar a cabo los procedimientos de debida diligencia sobre las cuentas de menor valor, conforme al Apartado B del Artículo III del Anexo I.

d) A menos que la institución financiera obligada opte por otro criterio, ya sea respecto de todas las cuentas preexistentes de las entidades o respecto de cualquier grupo de dichas cuentas claramente identificado, no será necesario revisar, identificar ni informar como cuenta declarable una cuenta preexistente de entidad con un saldo de cuenta o valor total inferior a la suma de CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 100.000.-) al 31 de diciembre de 2015, hasta tanto el saldo o valor total de la cuenta sea igual o superior a la suma de CIEN MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 100.000.-) el último día de cualquier año calendario siguiente.

e) Se permitirá la aplicación de los procesos de debida diligencia alternativos en los casos establecidos en el Apartado B del Artículo VII del Anexo I.

f) Con respecto a lo establecido por el Artículo 3° de la presente, la definición de “cuenta preexistente” -indicada en el punto 9 del Apartado C del Artículo VIII del Anexo I- en el caso de clientes preexistentes que abran cuentas nuevas en la misma institución financiera, debe ser reemplazada por lo siguiente:

“9. El término “cuenta preexistente” significa:

a) Una cuenta financiera existente al 31 de diciembre de 2015 en una institución financiera obligada.

b) Cualquier cuenta financiera de un titular de una cuenta preexistente, sea cual fuere la fecha de apertura de dicha cuenta, si:

i) el titular de la cuenta también posee en la misma institución -o en una entidad vinculada en la misma jurisdicción de la institución financiera obligada- una cuenta financiera que es una cuenta preexistente de conformidad con el inciso a) anterior,

ii) la institución financiera obligada -y, en su caso, la entidad vinculada en la misma jurisdicción de la institución financiera obligada- otorga a ambas cuentas mencionadas, y a cualquier otra cuenta financiera del titular de la cuenta que sea considerada cuenta preexistente de conformidad con este inciso, el mismo tratamiento que si fueran una única cuenta financiera a los efectos de satisfacer los estándares de conocimiento establecidos por el Apartado A del Artículo VII del Anexo I, y con el fin de determinar el saldo o valor de cualquiera de las cuentas financieras en oportunidad de aplicar los umbrales,

iii) con relación a una cuenta financiera que se encuentra sujeta a los procedimientos “Conozca a Su Cliente” (KYC), la institución financiera obligada puede dar por satisfechos dichos requerimientos para la cuenta financiera basándose en los mencionados procedimientos realizados sobre las cuentas preexistentes mencionadas en el punto 9, inciso a) mencionado anteriormente, y

iv) la apertura de la cuenta financiera no requiere que se brinde información nueva, adicional o actualizada por parte del cliente, distinta a la requerida por el Anexo I.”.

Asimismo, y a fin de aplicar a ciertas entidades la extensión de cuenta preexistente prevista en la presente opción, se tendrá en cuenta la definición de “entidad vinculada” que se establece en el inciso g) a continuación.

g) Se entenderá por “entidad vinculada”, en reemplazo de lo establecido en el punto 4 del Apartado E del Artículo VIII del Anexo I, lo siguiente:

“4. Una entidad es una “entidad vinculada” de otra entidad si:

i) cualquiera de ellas controla a la otra,

ii) ambas entidades se encuentran bajo un control común, o

iii) ambas entidades son vehículos de inversión tal como se describen en el inciso b) del punto 6 del Apartado A del citado artículo, están bajo una dirección común y dicha dirección cumple con las obligaciones de debida diligencia con relación a dichos vehículos de inversión. A estos efectos, control implica titularidad directa o indirecta de más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor y votos en una entidad.”.

TÍTULO III - DISPOSICIONES GENERALES

A - CONSERVACIÓN DE REGISTROS

Contraer Artículo 10:

ARTÍCULO 10.- Las instituciones financieras obligadas deberán conservar por un plazo de DIEZ (10) años computado desde el 1° de enero del año siguiente al cual se efectúe el reporte, los registros de la información obtenida en los procesos de debida diligencia aplicados respecto de las cuentas declarables, así como de los pasos llevados a cabo a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en los Artículos II a VII del Anexo I.

B - PREVENCIÓN DE INCUMPLIMIENTO

Contraer Artículo 11:

ARTÍCULO 11.- Si una persona humana o entidad realizara acuerdos cuyo objetivo principal o uno de sus objetivos principales consistiera en evitar alguna de las obligaciones previstas en esta resolución general, dichos acuerdos no serán tenidos en cuenta a los efectos de la aplicación de la presente.

C - EFECTOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO

Contraer Artículo 12:

ARTÍCULO 12.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución general implicará para los sujetos alcanzados:

a) El encuadramiento del responsable en una categoría creciente de riesgo según lo previsto por la Resolución General N° 3.984-E Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER).

b) La suspensión o exclusión, según corresponda, de los Registros Especiales Tributarios de este Organismo en los que estuviere inscripto.

c) La suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención solicitados por el responsable, conforme a las disposiciones vigentes.

D - SANCIONES

Contraer Artículo 13:

ARTÍCULO 13.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el incumplimiento de las obligaciones contempladas por la presente norma dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sin perjuicio de la promoción de las actuaciones pertinentes ante las autoridades administrativas o judiciales competentes, de corresponder.

E - PAUTAS DE APLICACIÓN

Contraer Artículo 14:

ARTÍCULO 14.- A los fines de la aplicación de las previsiones de esta norma deberán tenerse presente las siguientes pautas:

a) La información indicada en el Artículo 4° deberá suministrarse por año calendario.

b) El primer año a reportar será el año 2016.

c) Respecto de las cuentas preexistentes de menor valor de titularidad de personas humanas y las cuentas preexistentes de entidades, podrán ser declaradas con la información correspondiente al año 2017.

d) Las instituciones financieras obligadas deberán implementar los procesos de debida diligencia sobre las cuentas nuevas a partir del 1° de enero de 2016.

e) Los procesos de debida diligencia sobre las cuentas preexistentes de mayor valor de titularidad de personas humanas deberán estar implementados al 31 de diciembre de 2016.

f) Los procesos de debida diligencia sobre las cuentas preexistentes de menor valor de personas humanas y de titularidad de entidades deberán estar implementados al 31 de diciembre de 2017.

Al respecto, y de conformidad con lo señalado en los puntos 14 y 15 del Apartado C del Artículo VIII del Anexo I, una cuenta preexistente:

a) De menor valor, será aquella cuenta de titularidad de una persona humana cuyo saldo o valor total sea inferior a la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 1.000.000.-) al 31 de diciembre de 2015.

b) De mayor valor, será aquella cuenta de titularidad de una persona humana cuyo saldo o valor total sea igual o mayor a la suma de UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 1.000.000.-) al 31 de diciembre de 2015 o al 31 de diciembre de cualquier año posterior.

Si la cuenta preexistente de la persona humana no es una cuenta de mayor valor al 31 de diciembre de 2015 pero sí lo es al último día de un año calendario posterior, la institución financiera obligada a informar deberá finalizar los procedimientos adicionales de debida diligencia de las cuentas de mayor valor establecidos en el Apartado C del Artículo III del Anexo I, respecto de dicha cuenta, dentro del año calendario siguiente al año en que la cuenta se ha convertido en cuenta de mayor valor.

Si a raíz de esta revisión dicha cuenta se identifica como cuenta sujeta a ser informada, la institución financiera obligada a informar brindará de manera anual la información requerida sobre dicha cuenta con respecto al año en que se identifica como cuenta sujeta a ser informada y a los años subsiguientes, a menos que el titular de cuenta deje de ser una persona declarable.

F - TIPO DE CAMBIO A CONSIDERAR

Contraer Artículo 15:

ARTÍCULO 15.- A los fines dispuestos en esta resolución general, en el caso de cuentas declarables en PESOS ARGENTINOS o en otra moneda distinta a DÓLARES ESTADOUNIDENSES, las instituciones financieras obligadas deberán considerar para la determinación de los umbrales establecidos en esta resolución general, los valores en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, a cuyo efecto deberán tomar el tipo de cambio vendedor que fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del año que se informa.

G - DISPOSICIONES VARIAS

Contraer Artículo 16:

ARTÍCULO 16.- La versión completa del “Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras en Asuntos Fiscales”, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes suscripto el 29 de octubre de 2014 en el marco de lo dispuesto por el Artículo 6° de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y sus comentarios, podrán consultarse en el sitio “web” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar).

Contraer Artículo 17:

ARTÍCULO 17.- Apruébanse los Anexos I (IF-2017-09295706-APN-DISEGE#AFIP), II (IF-2017-09296542-APN-DISEGE#AFIP), III (IF-2017-09297034-APN-DISEGE#AFIP) y IV (IF-2017-09297493-APN-DISEGE#AFIP) que forman parte de la presente.

Contraer Artículo 18:

ARTÍCULO 18.- Déjase sin efecto la Resolución General N° 3.826.

Deroga a:

Contraer Artículo 19:

ARTÍCULO 19.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Contraer Artículo 20:

ARTÍCULO 20.- Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archívese.

Contraer ANEXO I

Visualizar Anexo I

Nota de redacción: Anexo modificado por Nota Aclaratoria publicada en el Boletín Oficial del día 13/09/17:

4.En el segundo párrafo del punto 6 del Apartado A del Artículo VIII del Anexo I:

Donde dice: “los incisos d) a g) del punto 9 del Apartado D de este artículo”

Debe decir: “los incisos d) a g) del punto 8 del Apartado D de este artículo”

Contraer ANEXO II (Artículo 2°) SUJETOS EXCLUIDOS

Se entenderá por "institución financiera no obligada", de conformidad con las definiciones del Apartado B del Artículo VIII del Anexo I, a las siguientes:

1. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico atribuya el carácter de persona jurídica pública estatal; el gobierno de dichas jurisdicciones, cualquier subdivisión política de una jurisdicción, o cualquier organismo o agencia propios de una jurisdicción o de una o varias de las subdivisiones políticas mencionadas; sus partes integrantes, entidades controladas, y subdivisiones políticas de una jurisdicción, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito.

2. Una organización internacional a la que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica o agencia u organismo perteneciente en su totalidad a la organización, incluyendo cualquier organización intergubernamental (incluidas las supranacionales): a) que se componga principalmente por gobiernos; b) que tenga oficinas centrales o un acuerdo similar con la jurisdicción; y c) cuyos ingresos no beneficien a particulares, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito.

3. El Banco Central de la República Argentina, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito.

4. Fondos de pensión de participación amplia, un fondo de pensión de participación restringida, un fondo de pensión de una entidad gubernamental, de una organización internacional o de un banco central, o un emisor autorizado de tarjetas de crédito.

5. Cualquier otra entidad que presente un riesgo bajo de ser utilizada para evadir impuestos, tenga características similares a las de cualquiera de las entidades descriptas en los incisos a) y b) del punto 1. del Apartado B del Artículo VIII del Anexo I, y esté definida como una institución financiera no obligada, siempre que la condición de dicha entidad como institución financiera no obligada no sea contraria a los objetivos de esta normativa, a saber:

a) Inciso derogado por Resolución General Nº 4422. 

b) Inciso derogado por Resolución General Nº 4422. 

c) Inciso derogado por Resolución General Nº 4888.

d) Las entidades aseguradoras sujetas a control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, solamente con relación a los seguros de rentas vitalicias previsionales (derivadas de la Ley N° 24.241).

e) Las siguientes entidades sujetas a control de la Comisión Nacional de Valores (CNV):

i. Inciso derogado por Resolución General Nº 4422. 

ii. las entidades inscriptas en el Registro CNV Ley N° 26.831 bajo la categoría "agente productor", la que comprende a las personas humanas y entidades que soliciten autorización para funcionar y su inscripción en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores como Agentes Productores de Agentes de Negociación, conforme a lo establecido en la Sección I del Capítulo IV, Título VII de las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones,

iii. las entidades inscriptas en el Registro CNV Ley N° 26.831 bajo la categoría "agente de corretaje de valores negociables", la que comprende a las entidades que soliciten su registro como tales con el objeto de poner en relación a DOS (2) partes a través de la divulgación de ofertas de precios y volúmenes referidos a valores negociables u otros instrumentos habilitados por la Comisión Nacional de Valores, en un ámbito electrónico y/o híbrido u otro tipo de medio de comunicación autorizado para la conclusión de negocios sobre los mismos, sin estar ligadas a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación, conforme a lo establecido en la Sección I del Capítulo VI, Título VII de las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones,

iv. Inciso derogado por Resolución General Nº 4422. 

6. Los instrumentos de inversión colectiva, siempre que la titularidad de todas las participaciones en dichos instrumentos correspondan a personas humanas o entidades que no sean personas declarables, con excepción de las ENF Pasivas en las que las personas que ejercen el control son personas declarables.

7. Los fideicomisos o trusts en la medida en que los fiduciarios sean sujetos alcanzados y den cumplimiento a los Artículos 3° y 4° de la presente resolución general, respecto de todas las cuentas declarables de los fideicomisos o trusts.

Expandir Anexo Texto vigente según RG AFIP Nº 4422/2019Texto vigente según RG AFIP Nº 4422/2019:

Expandir Anexo Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017:

Contraer ANEXO III (Artículo 3°) CUENTAS EXCLUIDAS

Se entenderá por “cuentas excluidas”, de conformidad con las definiciones del punto 17 del Apartado C del Artículo VIII del Anexo I, a las siguientes:

1. Una cuenta de jubilación o pensión que cumpla los siguientes requisitos:

a) esté sujeta a la normativa aplicable a una cuenta personal de jubilación o forme parte de un plan de jubilación o pensión registrado o reglamentado para ofrecer prestaciones de jubilación o pensión (incluidas las prestaciones por discapacidad o fallecimiento),

b) tenga un incentivo fiscal (es decir, las contribuciones a la cuenta, que de otro modo estarían sujetas a impuestos, son deducibles o están excluidas de la renta bruta del titular o gravadas a una tasa reducida, o los rendimientos de la inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o están gravados a una tasa reducida),

c) se deba presentar información respecto de la cuenta a las autoridades tributarias,

d) los retiros de la cuenta estén sujetos a que se alcance cierta edad para jubilarse, a una discapacidad o al fallecimiento, o los retiros estén sujetos a penalidad si se realizan antes de que se materialicen las circunstancias indicadas, y

e) que: i) las contribuciones anuales se limiten a un máximo de CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 50.000.-), o ii) exista un límite máximo de contribución a la cuenta a lo largo de toda la vida de UN MILLON DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 1.000.000.-), aplicándose en cada caso las normas establecidas en el Apartado C del Artículo VII del Anexo I para la agregación de cuentas y la conversión de moneda.

Una cuenta financiera que de otro modo cumpla los requisitos mencionados en el inciso e) anterior no dejará de cumplir dichos requisitos por el mero hecho de que dicha cuenta financiera pueda recibir activos o fondos transferidos de una o más cuentas financieras que cumplan los requisitos de los puntos 1 ó 2 de este anexo o de uno o más fondos de jubilación o pensión que cumplan los requisitos del punto 4 del Anexo II.

Se encuentran incluidas en esta categoría las cuentas de Seguridad Social, en la medida que los montos de las operatorias no superen los importes mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y siempre que las entidades financieras no detecten discordancias entre el perfil del cliente titular de la cuenta y los montos y/o modalidades de la operatoria.

2. Una cuenta que cumpla los siguientes requisitos:

a) esté sujeta a la normativa aplicable a un instrumento de inversión con fines diferentes a los de la jubilación y se comercialice regularmente en un mercado de valores establecido o la cuenta esté sujeta a la normativa aplicable a un instrumento de ahorro con fines distintos a los de la jubilación,

b) tenga incentivos fiscales (es decir, las contribuciones a la cuenta que de otro modo estarían sujetas a impuestos, sean deducibles o estén excluidas de la renta bruta del titular de cuenta o gravadas a tasa reducida, o los rendimientos de la inversión que produce la cuenta estén sujetos a tributación diferida o estén gravados a una tasa reducida),

c) los retiros estén sujetos al cumplimiento de criterios específicos relacionados con el propósito de la cuenta de inversión o ahorro (por ejemplo, la oferta de prestaciones educativas o médicas), o estén sujetos a penalidades en caso de realizar retiros antes de que se cumplan dichos criterios, y

d) que las contribuciones anuales no excedan la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 50.000.-), aplicando las normas establecidas en el Apartado C del Artículo VII del Anexo I para agregación de cuentas y conversión de moneda.

Una cuenta financiera que de otro modo cumpla los requisitos del inciso d) anterior no dejará de cumplir dichos requisitos sólo porque dicha cuenta financiera pueda recibir activos o fondos transferidos de una o más cuentas financieras que cumplan con los requisitos establecidos en los puntos 1 o 2 de este anexo o de uno o más fondos de jubilación o pensión que cumplan con los requisitos del punto 4 del Anexo II.

3. Un contrato de seguro de vida cuyo período de cobertura finalice antes de que el asegurado cumpla NOVENTA (90) años, siempre que el contrato cumpla los siguientes requisitos:

a) que las primas periódicas, que no disminuyen en el tiempo, sean pagaderas con una periodicidad anual como mínimo durante el período de vigencia del contrato o hasta que el asegurado cumpla los NOVENTA (90) años, lo que suceda primero,

b) que el contrato no tenga ningún valor al que cualquier persona pueda acceder (por retiro, préstamo u otro medio) sin rescindir el contrato,

c) que el importe pagadero (excluida la prestación por fallecimiento) con motivo de la cancelación o rescisión del contrato no pueda exceder las primas agregadas pagadas conforme al contrato, menos la suma de los gastos por fallecimiento o invalidez permanente (se hayan aplicado o no) por el período de vigencia del contrato y cualquier importe pagado antes de la cancelación o rescisión del contrato, y

d) el contrato no sea celebrado por un cesionario a título oneroso.

Se encuentran incluidos en esta categoría los siguientes contratos de seguro: seguros patrimoniales, seguros de vida, salud y accidentes personales, que no prevén la constitución de reserva matemática (ahorro), seguros de rentas vitalicias previsionales (derivadas de la Ley Nº 24.241) y seguros de rentas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo (régimen previsto en la Ley Nº 24.557, previo a la modificación instrumentada por la Ley Nº 26.773).

4. Una cuenta cuya titularidad exclusiva corresponda a una sucesión, si la documentación de dicha cuenta incluye una copia del testamento o certificado de defunción del causante.

5. Una cuenta creada en virtud de alguno de los siguientes motivos:

a) una orden o resolución judicial,

b) una venta, intercambio, o locación de bienes inmuebles o muebles, siempre que la cuenta cumpla los siguientes requisitos:

i. que los fondos de la cuenta procedan exclusivamente de un pago a cuenta, depósito de garantía, de monto suficiente para garantizar una obligación directamente relacionada con la operación, o un pago similar, o se financie con un activo financiero depositado en la cuenta en relación con la venta, el intercambio o locación del bien,

ii. que la cuenta se haya abierto y se utilice solamente para asegurar la obligación del comprador de pagar el precio de compra del bien, del vendedor de pagar cualquier obligación contingente, o del locador o locatario de pagar cualquier indemnización relacionada con el bien alquilado según lo acordado en el contrato,

iii. que los activos de la cuenta, incluidos ingresos obtenidos de la misma, se paguen o distribuyan de otro modo para beneficio del comprador, vendedor, locador o locatario (incluso para cumplir con la obligación de dicha persona) al momento de la venta, intercambio, o cesión de los bienes o de la terminación de la locación,

iv. que la cuenta no sea una cuenta de margen o similar abierta por una venta o intercambio de un activo financiero, y

v. que la cuenta no esté asociada con una de las cuentas descriptas en el punto 6. del presente anexo.

c) la obligación asumida por una institución financiera que administra un préstamo garantizado por un inmueble de apartar una porción de un pago para destinarlo exclusivamente a facilitar el pago de impuestos o seguros relacionados con el bien inmueble en el futuro,

d) una obligación asumida por una institución financiera para facilitar exclusivamente el futuro pago de impuestos.

Se encuentran incluidas en esta categoría una cuenta a la vista para uso judicial, en la medida que los montos de las operatorias no superen los importes mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y siempre que las entidades financieras no detecten discordancias entre el perfil del cliente titular de la cuenta y los montos y/o modalidades de la operatoria.

6. Una cuenta de depósito que cumpla los siguientes requisitos:

a) exista exclusivamente porque un cliente realice un pago que exceda el saldo adeudado por operaciones con una tarjeta de crédito u otro mecanismo de crédito renovable y el excedente no se reembolse inmediatamente al cliente, y

b) la institución financiera implemente políticas y procedimientos, ya sea para impedir que un cliente realice un sobrepago que exceda la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 50.000.-), o para garantizar que cualquier sobrepago de un cliente que exceda dicho importe se reintegre dentro de los SESENTA (60) días, aplicando en ambos casos las normas establecidas en el Apartado C del Artículo VII del Anexo I para la conversión de moneda. A estos fines, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a los saldos acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye saldos acreedores derivados de la devolución de mercadería.

7. Cualquier otra cuenta que presente un riesgo bajo de ser utilizada para evadir impuestos, tenga características sustancialmente similares a cualquiera de las cuentas descriptas en el punto anterior, y sea definida como una cuenta excluida, siempre que la condición de dicha cuenta como una cuenta excluida no sea contraria a los objetivos del Anexo I.

Se encuentran incluidas en esta categoría las cuentas de depósito correspondientes al fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción, caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social y la cuenta gratuita universal, en la medida que los montos de las operatorias no superen los importes mensuales fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y siempre que las entidades financieras no detecten discordancias entre el perfil del cliente titular de la cuenta y los montos y/o modalidades de la operatoria.

Expandir Anexo Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017:

Contraer ANEXO IV (Artículo 7°) COMENTARIOS. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. TEST DE DOMICILIO DE RESIDENCIA PARA CUENTAS PREEXISTENTES DE PERSONAS HUMANAS.

En la evaluación del domicilio de residencia la Institución Financiera Obligada debe tener al día políticas y procedimientos a fin de verificar el domicilio de residencia que se base en la evidencia documental. A fin de determinar si el titular de la cuenta es una persona declarable, la Institución Financiera debe considerar a dicho individuo como residente para fines fiscales en la jurisdicción del titular si:

a) La Institución Financiera Obligada posee en sus antecedentes la dirección de residencia de dicho titular de cuenta.

b) Dicha dirección de residencia esté vigente.

c) Dicha dirección de residencia se base en la evidencia documental.

El primer requisito indica que la Institución Financiera Obligada debe tener en sus antecedentes el domicilio de residencia del titular de la cuenta. En general, un "domicilio temporal" o una oficina postal no es un domicilio de residencia. Sin embargo, una oficina postal podría ser generalmente considerada como un domicilio de residencia cuando forma parte de un domicilio en conjunto con, por ejemplo, una calle, un departamento, número de suite, ruta rural, y que además identifique con claridad el domicilio actual del titular de cuenta. Asimismo, existen circunstancias especiales, como por ejemplo, la del personal militar en donde el "domicilio temporal" se lo pueda considerar como domicilio de residencia. Las jurisdicciones que implementan el "CRS" pueden determinar otros casos en donde un "domicilio temporal" o la oficina postal se utilicen para identificar con claridad que es un domicilio de residencia siempre y cuando dicha determinación no frustre los propósitos del "CRS".

Una de las condiciones se centra en que el domicilio presente en los archivos de la Institución Financiera Obligada sea el domicilio actual. Se entenderá que un domicilio constituye el domicilio "actual" cuando se trate del domicilio más reciente registrado por dicha Institución Financiera Obligada en relación con la persona humana titular de la cuenta. Por el contrario, se entenderá que un domicilio no constituye el domicilio "actual" cuando se utilice para efectos de envíos de correspondencia y el correo sea devuelto por "destinatario desconocido" (salvo por un error). Con independencia de todo lo anterior, se considerará que el domicilio asociado a una cuenta inactiva es el domicilio "actual" durante el período de inactividad de la misma. Se considera que una cuenta (distinta de un contrato de renta vitalicia) es una "cuenta inactiva" cuando: i) el titular de la cuenta no haya iniciado una transacción respecto de la cuenta o de cualquier otra mantenida por el titular de la cuenta en la Institución Financiera Obligada durante los últimos TRES (3) años, ii) el titular de la cuenta no haya tenido contacto con la Institución Financiera Obligada que mantenga dicha cuenta respecto de esa cuenta o de cualquier otra mantenida por el titular de la cuenta en la Institución Financiera Obligada durante los últimos SEIS (6) años y, iii) tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo, la Institución Financiera Obligada no haya contactado al titular de la cuenta por cuestiones relacionadas respecto de esa cuenta o de cualquier otra mantenida por el titular de la cuenta en la Institución Financiera Obligada durante los últimos SEIS (6) años. Alternativamente, una cuenta (distinta de un contrato de renta vitalicia) puede considerarse también "inactiva" con arreglo a las normas aplicables o a los procedimientos operativos habituales de la Institución Financiera Obligada, a todas las cuentas abiertas en dicha institución de una determinada jurisdicción, siempre que dichas normas o procedimientos establezcan condiciones fundamentalmente similares a las enunciadas precedentemente. Una cuenta deja de ser una "cuenta inactiva" cuando: i) el titular de la cuenta inicie una transacción respecto de la cuenta o de cualquier otra cuenta mantenida por el titular de la cuenta en la Institución Financiera Obligada, ii) el titular de la cuenta se contacte con la Institución Financiera Obligada en la que mantenga dicha cuenta, respecto de esa cuenta o de cualquier otra mantenida por el titular de la cuenta en dicha Institución Financiera Obligada, o iii) la cuenta deje de ser una cuenta inactiva de conformidad con las normas aplicables o con los procedimientos operativos habituales de la Institución Financiera Obligada.

La tercera condición consiste en que el domicilio que figura en los archivos de la Institución Financiera Obligada se haya determinado atendiendo a evidencia documental. Este requisito se cumplirá si las políticas y procedimientos de la Institución Financiera Obligada garantizan que el domicilio actual presente en sus archivos como domicilio, coincide con o se encuentra en la misma jurisdicción que aquél constatado por las evidencias documentales (documento de identidad, licencia de conducir, credencial para votar o certificado de residencia). La tercera condición se cumplirá también cuando las políticas y procedimientos de la Institución Financiera Obligada permitan asegurar que cuando esta última posea evidencia documental oficial y no conste en dichos documentos un domicilio reciente o alguna otra dirección (como algunos pasaportes), el domicilio que figura en los archivos de la Institución Financiera Obligada es el que coincide con, o se encuentra en la misma jurisdicción que la que figura en documentos recientes expedidos por un organismo público competente o una empresa de suministros, o que consta en una declaración jurada de la persona humana titular de la cuenta. Entre otros, se consideran documentos válidos a los expedidos por un organismo público competente, las notificaciones formales o las constancias emitidas por una administración tributaria. También se aceptarán aquellos documentos emitidos por empresas de suministros asociados a un determinado bien, entre los que se incluyen la factura de agua, de electricidad, de teléfono (sólo línea fija), de gas o de gasóleo. Únicamente se aceptará una declaración jurada de la persona humana titular de la cuenta si: i) la Institución Financiera Obligada ha estado legalmente obligada a recabarla durante cierto número de años, ii) figura en ella el domicilio del titular de la cuenta, y iii) está fechada y firmada por la persona humana titular de la cuenta bajo pena de perjurio. En tales circunstancias, los criterios de conocimiento aplicables a las evidencias documentales se harán igualmente extensibles a los documentos a los que se remite una Institución Financiera Sujeta a Reportar. Como alternativa, una Institución Financiera Obligada puede satisfacer este tercer requisito cuando sus políticas y procedimientos permitan asegurar que la jurisdicción del domicilio se corresponde con la jurisdicción de expedición de las evidencias documentales oficiales.

También puede ocurrir que hubiera cuentas abiertas en un momento en el que no existiera ningún requerimiento de AML/KYC, y que la Institución Financiera Obligada no examinara, en consecuencia, ninguna evidencia documental durante el proceso inicial de revisión y apertura del expediente. Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen las normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero y prevén la obligación de comprobar la identidad de los clientes atendiendo a la información proporcionada por fuentes fidedignas e independientes, fueron publicadas por primera vez en 1990, y posteriormente revisadas en 1996, 2003 y 2012. Aun tratándose de cuentas abiertas antes del establecimiento de estas obligaciones y no sometidas a la aplicación de las normas y procedimientos anteriores, es obligatorio aplicar medidas de debida diligencia a los clientes existentes según su nivel de importancia relativa y los riesgos que representen. Además, en relación con las cuentas declarables que sean cuentas preexistentes, ya se obliga a las Instituciones Financieras Obligadas a incurrir en esfuerzos razonables y contactar a sus clientes para obtener sus respectivos Números de Identificación Fiscal (NIF) y fechas de nacimiento. Cabría esperar que dicho contacto se utilizase también para solicitar las evidencias documentales pertinentes. Como resultado, esos ejemplos de cuentas para las que no se dispone de evidencias documentales deberían ser casos excepcionales, referirse a cuentas que presenten un bajo riesgo y afectar a cuentas abiertas antes de 2004. En tales casos, la tercera condición, podrá entenderse satisfecha si las políticas y procedimientos de la Institución Financiera Obligada permiten afirmar que el domicilio que figura en sus archivos se halla en la misma jurisdicción: i) que la que consta en los documentos más recientes recopilados por dicha Institución Financiera Obligada (factura de suministros, contrato de alquiler de inmuebles o declaración jurada de la persona humana titular de la cuenta), y ii) que la declarada por la mencionada Institución Financiera Obligada en relación con la persona humana titular de la cuenta en virtud de cualquier otra obligación de notificación aplicable para efectos fiscales (cuando corresponda).

De forma alternativa, para cumplir esta tercera condición en las anteriormente citadas circunstancias, si se trata de un contrato de seguro con valor en efectivo, una Institución Financiera Obligada puede remitirse al último domicilio que figure en sus archivos: i) hasta producirse un cambio de circunstancias que lleven a la Institución Financiera Obligada a tener conocimiento o razones para creer que esa dirección es inexacta o no fiable, o ii) hasta la fecha de rescate (total o parcial) o de vencimiento del contrato de seguro con valor en efectivo. El rescate o vencimiento de dicho contrato constituirá un cambio de circunstancias y dará inicio a los procedimientos pertinentes.

Si una Institución Financiera Obligada se remite al test del domicilio descripto anteriormente y se produce un cambio de circunstancias que lleve a dicha Institución a tener conocimiento o razones para creer que las evidencias documentales originales (o cualquier otro documento) son inexactas o no fiables, la Institución Financiera Obligada deberá, como máximo el último día del año calendario considerado o de otro período de reporte apropiado, o en un plazo de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la notificación o descubrimiento de dicho cambio de circunstancias, obtener una autocertificación y recabar nuevas evidencias documentales para establecer la(s) residencia(s) para fines fiscales del titular de la cuenta. Si la Institución Financiera Obligada no consigue la autocertificación ni nuevas evidencias documentales para esa fecha, deberá aplicar el procedimiento de búsqueda en archivos electrónicos. Los siguientes ejemplos ilustran los procedimientos que han de seguirse en caso de producirse un cambio de circunstancias:

a) Ejemplo n° 1: El banco I es una Institución Financiera sujeta a reportar que, atendiendo al test del domicilio, consideró a la persona humana P titular de la cuenta como residente de la Jurisdicción Declarable X. Cinco años más tarde, P informa a I que se ha trasladado a la jurisdicción Y, una jurisdicción declarable, y le proporciona su nuevo domicilio. I consigue una autocertificación de P y nuevas evidencias documentales que acreditan su condición de residente para efectos fiscales, en la Jurisdicción Y. I deberá considerar a P como residente de la Jurisdicción Y.

b) Ejemplo n° 2: Supuesto de hecho idéntico al planteado en el Ejemplo n° 1, a excepción de que, en este caso, I no consigue una autocertificación de P. I debe aplicar el procedimiento de búsqueda en archivos electrónicos y, por consiguiente, considerar a P como residente, al menos, de la Jurisdicción Y (atendiendo al nuevo domicilio comunicado por el titular de la cuenta).

2. BÚSQUEDA ELECTRÓNICA DE DATOS.

La expresión "cambio de circunstancias" se refiere a todo cambio que tenga como resultado la ampliación de información relevante sobre el estatus de una persona u origine contradicción o incompatibilidad con su estatus. Asimismo, un cambio de circunstancias comprende toda ampliación o variación en la información relativa a la cuenta de su titular (ya se trate de la inclusión, sustitución o modificación de un titular de cuenta), o toda alteración o incorporación de información a cualquier cuenta asociada a la cuenta que nos ocupa cuando dicha modificación o ampliación incidan en el estatus del titular de la cuenta.

3. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LAS AUTOCERTIFICACIONES PARA LAS CUENTAS NUEVAS DE PERSONAS HUMANAS.

Una autocertificación constituye una certificación, por parte del titular de la cuenta, acreditativa de su estatus y de cualquier otro dato que la Institución Financiera Sujeta a Reportar puede requerir, dentro de unos límites razonables, para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de reporte y debida diligencia, como el hecho de si el titular de la cuenta es residente para efectos fiscales en una jurisdicción declarable.

Si se trata de cuentas nuevas de personas humanas, una autocertificación tan sólo se considera válida cuando esté firmada o confirmada positivamente por el titular de la cuenta, indique la fecha, como máximo, del día de recepción y figuren los siguientes datos:

a) nombre y apellido del titular de la cuenta;

b) domicilio;

c) jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales;

d) NIF en cada Jurisdicción declarable, y

e) fecha de nacimiento.

La Institución Financiera Sujeta a Reportar puede pre cumplimentar la autocertificación incluyendo los datos relativos al titular de la cuenta, hecha salvedad de la jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales, en la medida en que se encuentren disponibles en sus archivos.

Si el titular de la cuenta es residente, a efectos fiscales, en una jurisdicción declarable, la autocertificación deberá hacer constar:

i) el NIF del titular de la cuenta en cada jurisdicción declarable, y

ii) su fecha de nacimiento.

No será necesario que figure en dicha autocertificación el lugar de nacimiento de ese titular dado que no es obligatorio reportar este dato a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar esté obligada a obtener dicha información por otros medios y a reportarlo en virtud de su normativa interna y conste en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que obren en poder de esa institución financiera.

Puede aportarse dicha autocertificación por cualquier medio y en cualquier formato (electrónico, como es el caso de un documento en formato PDF o documentos escaneados). Si se presenta esa autocertificación vía electrónica y en formato digital, el sistema en cuestión deberá garantizar que la información recibida se corresponde con la información enviada, debiendo registrarse todos los accesos de usuarios que se traduzcan en la presentación, renovación o modificación de una determinada autocertificación.

Por otra parte, tanto el diseño como el funcionamiento de dicho sistema de transmisión, incluidos los procedimientos de acceso, deberán permitir asegurar que la persona que accede al sistema y presenta la autocertificación es la persona que suscribe dicho documento, al tiempo que deben permitir aportar, previa solicitud, una copia impresa de todas las autocertificaciones presentadas digitalmente. Cuando los datos suministrados formen parte de la documentación de apertura de una cuenta, no será necesario que figuren en una página específica de esos documentos o que se presenten en un formato concreto, siempre que estén completos.

Una autocertificación puede ser firmada o confirmada positivamente por cualquier persona autorizada a firmar en nombre del titular de la cuenta al amparo de la normativa interna. Se entiende que una persona autorizada a firmar una autocertificación es, generalmente, un albacea o toda persona con un título habilitante equivalente, así como cualquier otra persona a la que el titular de la cuenta haya concedido autorización por escrito para firmar documentos en su nombre.

La validez de la autocertificación perdura hasta producirse un cambio de circunstancias que lleve a la Institución Financiera Obligada a tener conocimiento o razones para creer que la autocertificación original es inexacta o no fiable. En ese caso, dicha institución no podrá atender al contenido de la autocertificación originaria y deberá conseguir:

1) una autocertificación válida que determine la(s) residencia(s), a efectos fiscales, del titular de cuenta, o bien

2) una explicación y documentos razonables (si procede) que acrediten la validez de la autocertificación originaria (y conservar una copia o registro de los anteriores).

Así pues, por un lado, toda Institución Financiera Obligada debe instaurar procedimientos que la ayuden a detectar todo cambio de circunstancias y, por otro, debe informar a cualquier persona que presente una autocertificación de su obligación de reportar a dicha Institución Financiera todo hecho que implique un posible cambio de circunstancias.

Un cambio de circunstancias que afecte a la autocertificación presentada a la Institución Financiera Sujeta a Reportar suspenderá la validez de la autocertificación en cuanto a los datos cuya fiabilidad esté en entredicho, hasta que los mismos se actualicen.

Una autocertificación deja de ser válida a partir de la fecha en que la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga conocimiento o pueda llegar a conocer que las circunstancias que condicionan su exactitud han cambiado. No obstante, dicha institución puede optar por considerar que una persona conserva el mismo estatus que tenía antes de producirse el cambio de circunstancias hasta el primero entre: un plazo de NOVENTA (90) días corridos siguientes a la fecha en la que la autocertificación deja de ser válida a raíz de dicho cambio, la fecha en la que se confirma la validez de la autocertificación o la fecha en que se obtenga una nueva autocertificación. Toda Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá atender al contenido de una autocertificación sin tener que indagar sobre posibles cambios de circunstancias que puedan comprometer su validez, a menos que tenga conocimiento o pueda llegar a conocer que esas circunstancias han cambiado.

Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no puede constatar la validez de la autocertificación originaria o no consigue una autocertificación válida durante dicho plazo de NOVENTA (90) días, deberá considerar al titular de la cuenta como residente de la jurisdicción en la que éste haya alegado residir en la autocertificación originaria, así como de la jurisdicción en la que posiblemente resida dicho titular de la cuenta debido al cambio de circunstancias.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede conservar el original, una copia certificada o fotocopia (ya sea en forma de microficha, documento digitalizado u otros medios de almacenamiento electrónicos similares) de la autocertificación. Toda documentación almacenada electrónicamente debe encontrarse disponible también, previa solicitud, en forma impresa.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede considerar válida una autocertificación aun cuando ésta contenga errores irrelevantes, siempre que dicha institución disponga de documentos suficientes en sus archivos para suplir los datos ausentes en la autocertificación debido a un error. En tal caso, los documentos de referencia para subsanar dichos errores irrelevantes deberán ser concluyentes. Por ejemplo, una autocertificación en la que la persona humana que transmite el formulario haya abreviado la jurisdicción de residencia se considerará válida, con independencia de lo expuesto, cuando la Institución Financiera Sujeta a Reportar disponga de un documento de identificación oficial de esa persona que corrobore, con un nivel de certeza suficiente, los datos que se abreviaron. Por otro lado, no se consideran errores irrelevantes: la abreviatura de una jurisdicción de residencia que no se corresponda, con un nivel de certeza suficiente, con la jurisdicción de residencia especificada en el pasaporte de esa persona, la no indicación de jurisdicción de residencia alguna, o la presencia de datos contradictorios en una misma autocertificación o en el archivo maestro de cliente.

En general, toda Institución Financiera Sujeta a Reportar en la que un cliente abra una cuenta deberá obtener una autocertificación cuenta por cuenta, si bien podrá hacer referencia a la autocertificación aportada por un determinado cliente para otra cuenta cuando ambas se consideren como una única cuenta.

Una jurisdicción participante puede autorizar a las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar a servirse de proveedores de servicios para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de reporte y debida diligencia. En estos casos, una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede utilizar los documentos (incluidas las autocertificaciones) recabados por los proveedores de servicios (tales como los proveedores de datos, los asesores financieros o los agentes de seguros), con arreglo a las condiciones previstas en la normativa interna. No obstante, las obligaciones en materia de reporte y debida diligencia que son legalmente exigibles a la institución en cuestión seguirán siendo su responsabilidad.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede remitirse al contenido de los documentos (incluidas las autocertificaciones) recabados por un agente (como puede ser un asesor en fondos de inversión, fondos de cobertura o fondos de capital riesgo) de la citada institución financiera. El agente puede conservar los documentos como parte de un sistema de información alimentado por una única o múltiples Instituciones Financieras Sujetas a Reportar siempre que dicho sistema permita, por un lado, a toda institución en cuyo nombre el agente conserve los documentos acceder fácilmente a los datos sobre la naturaleza de dichos documentos, a la información que figure en los mismos (incluyendo a una copia de éstos) y a su validez y, por otro, le facilite la transmisión de datos relativos a cualquier hecho del que llegue a tener conocimiento, ya sea volcándolos de forma directa a un sistema electrónico o suministrándoselos al agente, que pueda incidir en la fiabilidad de los documentos. Por su parte, la Institución Financiera Sujeta a Reportar debe poder establecer, en la medida en que le resulte aplicable, cómo y cuándo ha transmitido los datos relativos a los hechos mencionados, así como también que se ha procesado todo dato transmitido y que se ha actuado con la debida diligencia para verificar la validez de los documentos. Con este propósito, el agente debe implementar un sistema que garantice que se proporciona toda la información recibida en relación con aquellos hechos que puedan incidir en la fiabilidad de los documentos o en el estatus del cliente a todas las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar, en cuyo nombre el agente conserva los documentos.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar que adquiera una cuenta de un predecesor o un cedente con motivo de una fusión o adquisición en bloque de cuentas a título oneroso estará, normalmente, autorizada a remitirse a documentos válidos (incluida una autocertificación válida) o a las copias de documentos válidos recabados por el predecesor o el cedente. Del mismo modo, una Institución Financiera Sujeta a Reportar que adquiera una cuenta con motivo de una fusión o adquisición en bloque de cuentas a título oneroso de otra Institución Financiera Sujeta a Reportar, que haya satisfecho todas las obligaciones de debida diligencia en lo que respecta a las cuentas transferidas estará, generalmente, autorizada a atender también al estatus del titular de la cuenta según lo hayan determinado el predecesor o cedente hasta que el adquirente tenga conocimiento o pueda llegar a conocer que ese estatus es incorrecto, o de que se ha producido un cambio de circunstancias.

Conforme a lo expuesto, a la apertura de una cuenta, tras conseguir la Institución Financiera Sujeta a Reportar una autocertificación que le permita determinar la(s) residencia(s), a efectos fiscales del titular de la cuenta, dicha institución deberá confirmar la razonabilidad de esa autocertificación atendiendo a la información obtenida con motivo de la apertura de la misma, incluido cualquier documento recabado en aplicación de los Procedimientos AML/KYC de lucha contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales y de identificación de clientes, respectivamente (prueba de razonabilidad).

Se entiende que una Institución Financiera Sujeta a Reportar ha confirmado la «razonabilidad» de una autocertificación cuando, durante el procedimiento de apertura de la cuenta y una vez examinada la información obtenida con motivo de dicha apertura (incluido cualquier documento recabado en aplicación de los Procedimientos AML/KYC), no tenga conocimiento o no pueda llegar a conocer que esa autocertificación es incorrecta o no fiable. Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar no están obligadas a llevar a cabo un análisis jurídico independiente de la normativa fiscal pertinente para confirmar la razonabilidad de una autocertificación.

4. AUTOCERTIFICACIÓN DE PERSONA CONTROLANTE PARA CUENTAS PREEXISTENTES DE ENTIDAD.

Procedimiento de revisión que permite determinar si una cuenta preexistente de entidad es de titularidad de una o más entidades que sean ENF Pasivas con una o más personas que ejercen el control y que sean a su vez personas declarables: si cualquiera de esas personas que ejercen el control de una ENF Pasiva es una persona declarable, dicha cuenta tendrá la consideración de cuenta declarable (aun cuando la persona que ejerce el control resida en la misma jurisdicción que la ENF Pasiva).

A tal fin, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá seguir las pautas que se detallan en los párrafos que siguen, en el orden que mejor se adecue a las circunstancias, con el fin de determinar:

a) si el titular de la cuenta es una ENF Pasiva;

b) las personas que ejercen el control de dicha ENF Pasiva, y

c) si alguna de esas personas que ejercen el control es una persona declarable.

Para determinar si el titular de la cuenta es una ENF Pasiva, la Institución Financiera Sujeta a Reportar debe obtener una autocertificación de dicho titular de la cuenta que acredite su estatus como tal, a menos que esa institución posea información o tenga a su alcance información de acceso público, sobre cuya base pueda determinar de forma razonable que el titular de la cuenta es una ENF Activa o una Institución Financiera distinta de una Entidad de Inversión no participante gestionada profesionalmente (esto es, una Entidad de Inversión que no sea una Institución Financiera de una jurisdicción participante). Por ejemplo, una Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá determinar de forma razonable que el titular de la cuenta es una ENF Activa cuando a dicho titular de la cuenta se le prohíba jurídicamente desarrollar actividades, realizar operaciones o poseer activos con el fin de generar rentas pasivas.

La autocertificación que identifique el estatus del titular de la cuenta deberá adecuarse a las condiciones de validez de las autocertificaciones relativas a las Cuentas Preexistentes de Entidades.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar que no consiga determinar que el titular de la cuenta es una ENF Activa o una Institución Financiera distinta de una Entidad de Inversión no participante gestionada profesionalmente, deberá inferir que se trata de una ENF Pasiva.

Para identificar a las personas que ejercen el control del titular de la cuenta, la Institución Financiera Sujeta a Reportar puede basarse en la información que haya obtenido y conservado en aplicación de los Procedimientos AML/KYC.

Para determinar si la persona que ejerce el control de una ENF Pasiva es una persona declarable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar puede remitirse a la información recabada y conservada en aplicación de los Procedimientos AML/KYC. No obstante, en el caso de una cuenta preexistente de entidad cuyo saldo o valor exceda de UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 1.000.000.-), se exige la obtención de una autocertificación del titular de la cuenta o de la persona que ejerce el control, que puede aportarse junto a la misma autocertificación que la proporcionada por dicho titular de la cuenta, para acreditar su condición como tal.

La autocertificación concerniente a la persona que ejerce el control tan solo se considera válida cuando esté firmada o confirmada positivamente por dicho sujeto, por una persona con autorización para firmar en nombre de ésta o por el titular de la cuenta, indique la fecha, como máximo, del día de recepción y figuren los siguientes datos:

a) nombre y apellido de la persona que ejerce el control;

b) domicilio de la persona que ejerce el control;

c) jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales;

d) NIF en cada Jurisdicción declarable, y

e) fecha de nacimiento.

f) La Institución Financiera Sujeta a Reportar puede pre cumplimentar la autocertificación incluyendo los datos relativos a la persona que ejerce el control, hecha la salvedad de la jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales, en la medida en que se encuentren disponibles en sus archivos.

Las condiciones de validez de las autocertificaciones referentes a Cuentas Nuevas de Personas Humanas resultan igualmente aplicables para determinar si la persona que ejerce el control de una ENF Pasiva es una persona declarable, y lo mismo ocurre para la subsanación de errores presentes en la autocertificación, en lo que respecta a la obligación de conseguir autocertificaciones cuenta por cuenta y a los documentos recabados por otras personas.

Si existe la obligación de recabar una autocertificación concerniente a la persona que ejerce el control de una ENF Pasiva y no se obtiene, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá remitirse a los indicios de vinculación descriptos en el punto 2 del Apartado B del Artículo III del Anexo I.

Cuando dicha institución no disponga de ninguno de esos indicios en sus archivos, no será necesaria ninguna otra actuación hasta producirse un cambio de circunstancias que conlleve la asociación a la cuenta de uno o más indicios relativos a la persona que ejerce el control.

5. CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS EN EL CASO DE CUENTAS PREEXISTENTES DE ENTIDADES.

Procedimiento complementario aplicable a las cuentas preexistentes de entidades: si se produjera un cambio de circunstancias en lo que concierne a una cuenta preexistente de entidad a raíz del cual la Institución Financiera Obligada tuviera conocimiento, o tuviera razones para creer, que la autocertificación u otra documentación relativa a la cuenta es inexacta o no fiable, la citada Institución deberá volver a determinar el estatus o condición de la cuenta. Los criterios de conocimiento aplicables a las evidencias documentales se harán igualmente extensibles a los documentos a los que se remite una Institución Financiera Obligada conforme a los procedimientos que se deben seguir para verificar la validez y/o veracidad de las autocertificaciones o evidencias documentales. En este caso, una Institución Financiera Obligada deberá aplicar los procedimientos siguientes, como máximo, el último día del año calendario considerado o de otro período de referencia pertinente, o en un plazo de NOVENTA (90) días corridos a contar desde la recepción de la notificación o desde el descubrimiento de un cambio de circunstancias:

a) Cómo determinar si el titular de la cuenta es una Persona Declarable: una Institución Financiera Obligada debe conseguir: i) una autocertificación o ii) una explicación y documentos (según corresponda) que acrediten el carácter veraz de la autocertificación o documentos originales (y conservar una copia o registro de los anteriores). Si dicha Institución no consigue una autocertificación o constata la fiabilidad de la misma o documentos originales, deberá considerar al titular de la cuenta como una persona declarable en ambas jurisdicciones.

b) Cómo determinar si el titular de la cuenta es una Institución Financiera, una ENF Activa o una ENF Pasiva: una Institución Financiera Obligada debe obtener documentación complementaria o una autocertificación (si procede) para confirmar que el titular de la cuenta es una ENF Activa o una Institución Financiera. Si dicha Institución no lo consigue, deberá considerar al titular de la cuenta como una ENF Pasiva.

c) Cómo determinar si la persona controlante de una ENF Pasiva es una persona declarable: una Institución Financiera Obligada debe obtener: i) una autocertificación o ii) una explicación y documentos (según corresponda) que acrediten el carácter veraz de la autocertificación o documentos previamente recabados (y conservar una copia o registro de los anteriores). Si dicha Institución no consigue una autocertificación o constata la fiabilidad de la misma o documentos previamente recabados, deberá remitirse a los indicios de vinculación descriptos en el punto 2 del Apartado B del Artículo III del Anexo I, que consten en sus archivos para determinar si la persona controlante es una persona declarable.

6. PERSONA CONTROLANTE DE ENF PASIVA PARA CUENTAS NUEVAS DE ENTIDAD.

Procedimiento de revisión que permite determinar si una cuenta nueva de entidad es de titularidad de una o más entidades que sean ENF Pasivas con una o más personas que ejercen el control y que sean, a su vez, personas declarables: si cualquiera de esas personas que ejercen el control de una ENF Pasiva es una persona declarable, dicha cuenta tendrá la consideración de cuenta declarable (aun cuando la persona que ejerce el control resida en la misma jurisdicción que la ENF Pasiva).

A tal fin, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá seguir las pautas que se detallan en los párrafos que siguen, en el orden que mejor se adecúe a las circunstancias, con el objeto de determinar:

a) si el titular de la cuenta es una ENF Pasiva;

b) las personas que ejercen el control de dicha ENF Pasiva, y

c) si alguna de esas personas que ejercen el control es una persona declarable.

Para determinar si el titular de la cuenta es una ENF Pasiva, la Institución Financiera Sujeta a Reportar debe atender al contenido de una autocertificación de dicho titular que acredite su estatus, a menos que esa Institución Financiera Sujeta a Reportar posea información o tenga a su alcance información de acceso público sobre cuya base pueda determinar de forma razonable que el titular de la cuenta es una ENF Activa o una Institución Financiera distinta de una Entidad de Inversión no participante gestionada profesionalmente (esto es, una Entidad de Inversión que no sea una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante). Dicha autocertificación deberá adecuarse a las condiciones de validez de las autocertificaciones concernientes a las cuentas preexistentes de entidades. Una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede basarse en la autocertificación aportada por un determinado cliente para otra cuenta cuando ambas se consideren como una única cuenta.

Una Institución Financiera Sujeta a Reportar que no consiga determinar que el titular de la cuenta es una ENF Activa o una Institución Financiera distinta de una Entidad de Inversión no participante gestionada profesionalmente, deberá inferir que se trata de una ENF Pasiva.

Para identificar a las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, una Institución Financiera Sujeta a Reportar puede basarse en la información que haya obtenido y conservado en aplicación de los Procedimientos AML/ KYC.

Para determinar si la persona que ejerce el control de una ENF Pasiva es una persona declarable, la Institución Financiera Obligada puede remitirse a la autocertificación obtenida ya sea del titular de la cuenta o de la persona que ejerce el control.

Si se produce un cambio de circunstancias en lo referente a una cuenta nueva de entidad que lleve a la Institución Financiera Obligada a tener conocimiento o razones para creer que la autocertificación u otros documentos asociados a la cuenta son inexactos o no fiables, dicha institución deberá volver a determinar el estatus del que goza la cuenta con arreglo a los procedimientos estipulados en el punto 5 del presente anexo.


7. INSTITUCIÓN FINANCIERA OBLIGADA.

La expresión "Institución Financiera de una Jurisdicción Participante" se define de la siguiente manera:

a) toda Institución Financiera residente en una Jurisdicción Participante, con exclusión de las sucursales de dicha Institución ubicadas fuera de la Jurisdicción Participante, y

b) toda sucursal de una Institución Financiera no residente en una Jurisdicción Participante, cuando dicha sucursal esté ubicada en esa Jurisdicción Participante.

Al respecto, una Institución Financiera es "residente" en una Jurisdicción Participante cuando esté sometida a la soberanía y competencias de dicha Jurisdicción Participante (es decir, cuando la Jurisdicción Participante tenga la facultad de exigir a la Institución Financiera el cumplimiento de sus obligaciones en materia de reporte). En líneas generales, cuando una Institución Financiera es residente para efectos fiscales en una Jurisdicción Participante, está sometida a la soberanía y competencias de dicha Jurisdicción y constituye, así pues, una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. En el caso de un fideicomiso que sea una Institución Financiera (sin tomar en consideración si es o no residente para efectos fiscales en una Jurisdicción Participante), se considera que el fideicomiso está sometido a la soberanía y competencias de una Jurisdicción Participante si uno o más de sus fiduciarios son residentes para efectos fiscales en dicha Jurisdicción Participante, salvo si el fideicomiso proporciona toda la información que ha de suministrarse en virtud del "CRS" con respecto de todas las cuentas declarables que ostente el fideicomiso a otra Jurisdicción Participante en virtud de ser residente para efectos fiscales en esa otra Jurisdicción Participante. No obstante, si una Institución Financiera (distinta de un fideicomiso) no tiene residencia fiscal (por tener la consideración de fiscalmente transparente o por hallarse ubicada en una jurisdicción en la que las rentas no estén sujetas a gravamen, por ejemplo), se considera sometida a la soberanía y competencias de una Jurisdicción Participante y, por tanto, constituye una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante si:

a) se constituye conforme a la legislación de la Jurisdicción Participante,

b) su sede de dirección (incluida su sede de dirección efectiva) está ubicada en la Jurisdicción Participante, o

c) está sometida a la supervisión financiera de la Jurisdicción Participante.

En este contexto, la expresión "Jurisdicción Participante" se refiere a una jurisdicción que ha implementado el "CRS".

Cuando una Institución Financiera resida en dos o más Jurisdicciones Participantes, dicha Institución estará obligada a cumplir las obligaciones en materia de reporte y debida diligencia que le vengan impuestas por la Jurisdicción Participante en la que ostente cuenta(s) financiera(s).

Una "entidad de inversión" se define a su vez, como toda entidad cuyos ingresos brutos proceden principalmente de una actividad de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros, si la entidad está gestionada por otra entidad que sea una Institución de Depósito, una Institución de Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad de Inversión conforme al tenor literal del inciso a) del punto 6 del Apartado A del Artículo VIII del Anexo I. Se entiende que una entidad es "gestionada por" otra cuando la entidad gestora desarrolla, ya sea de forma directa o a través de otro proveedor de servicios, cualquiera de las actividades u operaciones por cuenta de la entidad gestionada. No obstante, se entiende que una entidad no gestiona a otra si no goza de la facultad discrecional de gestionar los activos de esa entidad (en su totalidad o en parte). Cuando una entidad esté gestionada por un conjunto de Instituciones Financieras, Entidades No Financieras (ENF) o personas humanas, se considera que la entidad está gestionada por otra entidad que es una Institución de Depósito, una Institución de Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad de Inversión, si alguna de las entidades gestoras corresponde a algunos de esos tipos de entidades.

8. CUENTA DECLARABLE. ENF PASIVA, ENF ACTIVA Y PERSONA CONTROLANTE.

Para determinar qué se entiende por "ingresos pasivos", hay que remitirse a la normativa específica en la materia de cada jurisdicción. Los ingresos pasivos comprenden generalmente la parte de ingresos brutos que consiste en:

a) Dividendos,

b) intereses,

c) ingresos equivalentes a los intereses,

d) rentas y cánones (o regalías) distintos de aquellos procedentes del desarrollo efectivo de un negocio, al menos en parte, por los asalariados de la ENF,

e) rentas vitalicias,

f) la diferencia positiva entre las ganancias y las pérdidas derivadas de la enajenación o reembolso de activos financieros que generan los ingresos pasivos descriptos anteriormente,

g) la diferencia positiva entre las ganancias y las pérdidas derivadas de las operaciones (incluidos los contratos de futuros, a plazo y de opción, así como otras operaciones análogas) con activos financieros,

h) la diferencia positiva entre las ganancias y las pérdidas cambiarias en moneda extranjera,

i) rendimientos netos procedentes de permutas financieras, o

j) cuantías percibidas por razón de contratos de seguro con valor en efectivo.

No obstante lo anteriormente expuesto, los ingresos pasivos no engloban, en el caso de una ENF que actúe habitualmente en calidad de agente bursátil, aquellas rentas derivadas de las operaciones efectuadas en el contexto de su actividad habitual como intermediario.

La definición de la expresión "personas controlantes" indicada en el punto 5 del Apartado D del Articulo VIII del Anexo I se corresponde con la expresión "beneficiario efectivo" que figura en la Recomendación 10 y en la nota interpretativa sobre la Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI, adoptadas en febrero de 2012), que debe interpretarse, asimismo, en consonancia con dichas Recomendaciones con el fin de evitar un uso indebido del sistema financiero internacional y la posible comisión de delitos fiscales.

En el caso de una entidad que sea una persona jurídica, la expresión “persona controlante” designa a las personas humanas que ejercen el control de dicha entidad. Por lo general, el “control” de una entidad lo ejerce(n) la(s) persona(s) humana(s) que ostenta(n) una participación en esa entidad. Dicha “participación” es la definida en las normas de procedimientos "antilavado de dinero" y "conozca a su cliente" que son establecidos por la Unidad de Información Financiera, atendiendo a un enfoque de riesgo.

En el caso de un fideicomiso, la expresión "persona controlante" designa al/los fideicomitente(s), fiduciario(s), protector(es) (si lo(s) hubiera), beneficiario(s) o categoría(s) de beneficiarios, y a cualquier otra persona humana que ejerza un control efectivo sobre el fideicomiso, quienes tendrán la condición, en todo caso, de personas controlantes del fideicomiso, tal como se describe en la definición mencionada en el punto 5 del Apartado D del Artículo VIII del Anexo I. Asimismo, tendrá la condición de persona controlante cualquier otra persona humana que ejerza un control efectivo del fideicomiso, ya sea a través de una cadena de control o de participación. De cara a establecer el origen de los fondos de la(s) cuenta(s) cuya titularidad corresponda al fideicomiso, cuando el/los fideicomitente(s) sea(n) una entidad, las Instituciones Financieras Obligadas deberán igualmente identificar a la(s) persona(s) controlante(s) del fideicomitente(s) y notificarles como tal(es). En lo referente al/los beneficiario(s) de los fideicomisos que sean designados atendiendo a ciertas características o categoría, las Instituciones Financieras Obligadas deberán obtener información suficiente sobre aquél(los) para asegurarse de poder establecer la identidad del/los beneficiario(s) en el momento de la liquidación, o cuando el beneficiario(s) pretenda(n) ejercer sus derechos adquiridos. En consecuencia, esta situación ocasionará un cambio de circunstancias y dará inicio a los procedimientos pertinentes.

En el caso de una figura jurídica distinta de un fideicomiso, la expresión “Personas que Ejercen el Control” designa a las personas que ocupan puestos equivalentes o análogos a los de las personas que ejercen el control de un fideicomiso. Así pues, habida cuenta de las diferentes formas y características de las figuras jurídicas, las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar deberán identificar a las personas que ocupan puestos equivalentes o análogos y notificarles como tales, de forma paralela a cuanto sucede en el caso de los fideicomisos.

En lo concerniente a las personas jurídicas cuyo funcionamiento es similar al de los fideicomisos (como las fundaciones, por ejemplo), las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar deberán identificar a las personas que ejercen el control siguiendo procedimientos de debida diligencia similares a los previstos para los fideicomisos, a fin de alcanzar niveles de reporte adecuados.

Cuando una Institución Financiera Obligada se remita a la información recabada y conservada en aplicación de los procedimientos AML/KYC con objeto de identificar a las personas controlantes de una entidad titular de una cuenta nueva, dichos procedimientos AML/KYC deberán ser coherentes con las Recomendaciones 10 y 25 del GAFI (adoptadas en febrero de 2012), incluida la de considerar en todo momento al/los fideicomitente(s) de un fideicomiso como la(s) persona(s) controlante(s) del fideicomiso y al/los fundador(es) de una fundación como la(s) persona(s) que ejerce(n) el control de la misma. Para identificar a las personas controlantes de la entidad titular de la cuenta preexistente, una Institución Financiera Obligada deberá remitirse a la información recabada y conservada en aplicación de los procedimientos AML/KYC de dicha Institución.

Expandir Anexo Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017Texto original según RG AFIP Nº 4056/2017:


FIRMANTES

Alberto R. Abad